El poder asediado que dejará Cristina
Esta semana la Presidenta debe definir su futuro político. Mientras tanto, impone más condicionamientos para el Gobierno que venga. Buenos Aires, clave de Scioli, Macri y Massa.
Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa deberían dejar por un instante las exigencias de la campaña y reparar en el poder asediado que podrían heredar en diciembre. Cristina Fernández trabaja infatigablemente para eso. Los ahora candidatos no estarán obligados a andar sólo en el campo minado de la economía y las insatisfacciones sociales. Tendrán que poner el foco además en la gobernabilidad, siempre un péndulo incómodo de la democracia argentina.
Aquella idea del asedio contó la semana pasada con evidencias nuevas. Que orillarían el sistema político para vararse en el poder institucional. La mayoría kirchnerista en la Cámara de Diputados, que sesionó por tercera vez en el año, despachó una serie de leyes que impondrán nuevas reglas de juego los próximos cuatro años en el Poder Judicial. Esas reglas apuntan también contra la Corte Suprema. Aunque al kirchnerismo le resulte muy difícil el abordaje en el alto Tribunal. Porque no dispone de los resortes indispensables –los dos tercios del Senado– y porque los jueces declararon casi un estado de emergencia.
Ese fue el sentido inocultable del último discurso de Ricardo Lorenzetti cuando convocó a la unidad de todo el cuerpo judicial. Nos están atacando y no se puede ser indiferente, habría sido la síntesis del titular de la Corte. Osó hablar además de hiperpresidencialismo. Existirían ciertas respuestas llamativas frente al desafío que plantea el kirchnerismo. La Comisión de Juicio Político de Diputados avanza con el pedido de informes sobre la salud de Carlos Fayt. El veterano juez ni se inmuta. Ha tenido asistencia perfecta a los acuerdos del Tribunal desde aquel día de su reaparición pública para replicarle al acoso del Gobierno.
El paquete de leyes aprobado en el Congreso poseería un punto en común. Pretende ejercer control sobre las investigaciones penales por corrupción. Es el gran temor de Cristina. Esa fiscalización quedaría a cargo de la voluntad omnímoda de Alejandra Gils Carbó. La procuradora general comunicó que continuará en su sillón después de diciembre. Para removerla se requerirá una mayoría especial que ninguna bancada tendría. Sobre todo, por el obstáculo que representará el bloque de los K.
La nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal concede un amplio margen de maniobra a la procuradora general. Tendrá facultad, por ejemplo, para designar un fiscal coordinador en cada distrito sin necesidad de llamado a concurso. Ese fiscal podrá asignar los casos sujetos a investigación a sus pares de las diferentes unidades. En la eventualidad de no confiar en ninguno de ellos podría llegar a rumbear cada investigación comprometida hacia la Procelac (Procuraduría de Crisminalidad Económica y Lavado de Activos) que conduce Carlos Gonella. Se trata del funcionario procesado por encubrir a Lázaro Báez y su hijo e intentar excluirlos de una investigación por supuesto lavado de dinero.
Semejante maraña jurídico-legal no reflejaría, quizá, la obsesiva la búsqueda de impunidad que desnudan otras determinaciones en general pasadas por alto. El Gobierno resolvió la apertura de una Cámara de Apelaciones en la desértica ciudad santacruceña de Luis Piedrabuena, con menos de 5 mil habitantes. Atenderá sólo las cuestiones de Santa Cruz y Tierra del Fuego. A la histórica Cámara de Comodoro Rivadavia le quedará la jurisdicción de Chubut. Hacia un juzgado de esa ciudad se quiere derivar la causa Hotesur, que indaga irregularidades en una cadena hotelera de la familia Kirchner, en manos del juez Claudio Bonadio. No hay casi antecedentes de algo similar en el país. Dos Cámaras de Apelaciones para tres provincias de la misma región.
Esa audacia encerraría otra jugada política cuyo destinatario sería la Corte Suprema. El nombramiento de aquellos funcionarios –según la ley del Ministerio Público– abarcará el régimen de las subrogancias. Es decir, jueces y conjueces designados por el Consejo de la Magistratura, que tiene aún mayoría kirchnerista, sin la aprobación del Congreso ni la participación de la Corte. Una seria irregularidad más.
El poder asediado que imagina dejar Cristina en su despedida incluye otros costados sensibles. En especial para la lógica del relato K. Por decreto, el Gobierno puso en marcha la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (AFTIC). Funcionará en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones que encabeza el camporista Norberto Berner. Sus miembros serán designados por el Poder Ejecutivo y durarán en sus cargos cuatros años. Su remoción dependerá de otro supra-organismo compuesto por 34 personas que también nominará este Gobierno. Y harán falta dos tercios. Se prevén partidas extras del presupuesto que dispondrá el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Berner es una figura que circula con discreción pero que va dejando su huella. Estuvo un tiempo con Julio De Vido en Planificación. También en la órbita del secretario de Justicia, el camporista Julián Alvarez. Se lo acusó en su paso por la Inspección General de Justicia de ocultar información sobre el escándalo Ciccone. En este tiempo es hombre absolutamente leal a Eduardo De Pedro.
El secretario General de la Presidencia va tomando un vuelo impensado en épocas pasadas, cuando era un diputado común. Se ocupa como nadie de la ingeniería electoral, en sintonía perfecta con las demandas de Cristina. Junto a Carlos Zannini, serían los artífices de la fortaleza política y judicial que edifica el kirchnerismo para resguardar la retirada. Al secretario Legal y Técnico se le adjudica la autoría de aquella madeja leguleya que acaba de sancionar el oficialismo en el Congreso.
De Pedro se convirtió en la meca obligada de los intendentes bonaerenses que abandonaron a Sergio Massa. Regresaron al FPV para cuidar el territorio y la caja. Uno por uno desfilaron en su despacho. Los hizo fotografiar. Como el general inglés, Jeremy Moore, con el general Mario Menéndez cuando rindió las islas Malvinas. Aunque les concedió cierta libertad para que dieran sus siguientes pasos. La mayoría optó por Scioli. Tanta generosidad hizo bochinche en la memoria maoísta de Zannini. El secretario pretende arrimar un poco de agua a las playas de Florencio Randazzo, el rival del gobernador de Buenos Aires.
Scioli se encuentra casi a diario, en su oficina céntrica del Banco Provincia, con el funcionario camporista oriundo de Mercedes. Falta menos de una semana para que se definan las listas de legisladores y las fórmulas. Como no hay debates, el tiempo sería suficiente para ellos. Scioli no sabe todavía qué será de Cristina. Aunque la supone candidata. Esa suposición navega a veces las aguas de la ambigüedad. ¿Se arriesgaría a competir como diputada en Buenos Aires? ¿Soportaría a lo mejor cosechar menos votos que el ahora gobernador? ¿U optaría por el cargo honorífico en el Parlasur? Si Cristina fuera en su génesis verdadera discípula de Néstor Kirchner no habría lugar para las dudas. El ex presidente fue candidato a diputado cuando dejó el poder y no se amilanó ni siquiera con la derrota frente a Francisco De Narváez. Es cierto que Kirchner portó siempre también un talante mucho menos presumido.
El gobernador debió escuchar en las últimas horas una intensa exposición de De Pedro sobre la conveniencia de ordenar su sucesión en la Provincia. Ese territorio será crucial en las PASO y en octubre. Está sembrado de incertidumbres por dos razones. Un afianzamiento de Macri que se observaría allí; el juego aún indescifrable de Massa.
La idea de Cristina sería dejar, como en la presidencial, sólo dos postulantes en la interna del FPV para la principal gobernación. De Pedro habría expuesto algún reparo sobre la continuidad de Fernando Espinoza. Aunque el intendente de La Matanza es pieza clave en el armado de Scioli. Estaría tan dispuesto a pelear que ya ungió sucesora en su comarca. Es la diputada nacional Verónica Magario. El gobernador no entendería esa decisión teniendo en cuenta el presente de los dos aspirantes más fuertes: Aníbal Fernández recogería más votos de los pensados pero no lograría atenuar su mala imagen; Julián Domínguez debería acelerar su campaña porque posee todavía un alto grado de desconocimiento. No habría sido esa la única sorpresa que Scioli se llevó: Boudou le insinuó la posibilidad de ser incluido en la lista de diputados nacionales. Barrunta que aquella fortaleza judicial del kirchnerismo no sería suficiente para protegerlo.
Macri y Massa también auscultan todos esos movimientos en el kirchnerismo. Suponen que un ostensible entorno K perjudicaría a Scioli. La candidatura de Máximo Kirchner, en ese cotexto, podría venirles bien. Suponen menos aún cómo sacar una tajada electoral de ese efecto.
El jefe porteño confía en María Eugenia Vidal y en el arrastre de su candidatura presidencial. La gobernación de Buenos Aires podría ganarse, según el escenario de hoy, con un guarismo módico. Massa debe encontrar una figura que lo ayude en el distrito que lo catapultó a la política grande. ¿Podrá reponer a De Narváez? En esa dirección están encaminadas las gestiones. También asomaría Felipe Solá, que no necesita ni tanta presentación ni tanta campaña. Fue el antecesor de Scioli. Pero se niega. Nadie descarta que la falta de una solución pueda inducir a Massa a reanudar negociaciones con el macrismo.
Detrás de esos enjuagues, kirchneristas y opositores, hay una sociedad abúlica que atisba su horizonte. Todavía extremadamente incierto.