Igual que Videla, Massera está enterrado bajo otro nombre
Los cuerpos de los dos integrantes de la primera Junta Militar de la dictadura están en el mismo cementerio.
Emilio Eduardo Massera está enterrado a 500 metros de Jorge Rafael Videla. Los dos están en el cementerio Parque Memorial de Pilar. Los dos, que murieron cumpliendo condenas por decenas de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, están en tumbas con los nombres cambiados. Comparten un destino común que se selló cuando integraron la primera junta militar de la dictadura.
Según trabajadores del cementerio, el cadáver de Massera, enterrado tras su deceso el 8 de noviembre de 2010, nunca estuvo identificado como tal. Después de algunos días sin una lápida, en la tumba ubicada en el Sector G del Parque Memorial se optó por colocar una placa con otro nombre.
El cuerpo de Videla, ubicado en el sector T1, está debajo de una lápida a título de la familia Olmos. A diferencia de su situación, que se supone transitoria dado el deseo de su familia de cremar sus restos, los parientes de Massera habrían decidido que el ex militar, acusado de 83 homicidios y 623 privaciones ilegales de la libertad, continúe bajo confidencialidad de forma permanente. Las dos familias invocaron razones de seguridad para explicar por qué preferían ocultar la identidad verdadera de quienes yacen en esas tumbas: las dos temen escraches en el lugar.
A pocos metros de esas dos tumbas, en el sector H, se ve una realidad distinta con otro funcionario clave de la dictadura: es la de José Alfredo Martínez de Hoz, sepultado el 16 de marzo de 2013. Los restos del ex ministro de Economía durante el mandato de Videla sí llevan una lápida con su identidad.
Para Juan Pablo Trovatelli, concejal y jefe del bloque justicialista en el Concejo Deliberante de Pilar, la situación de ocultamiento de los restos de los ex jerarcas de la dictadura genera una “sensación de impunidad que se traslada a lo largo de tiempo”. “Entiendo que debe obedecer a una cuestión que desconozco, pero sería muy positivo que ese cementerio privado o la Justicia puedan clarificar esta cuestión”, asegura.
Según Romina Tomeo, representante de imagen de Jardín del Pilar, propietaria del cementerio, el secreto respecto a la ubicación de las tumbas “obedece a una política de la Compañía basada en un esquema de estricta confidencialidad y respeto de la información de todos sus clientes”. En el caso puntual de Videla, “el titular de la parcela solicitó expresamente el resguardo de dicha información u otra que se pudiera dar en el parque”.
Además, Tomeo aclaró que “no existía condición legal alguna que nos hubiese permitido negarnos (a enterrar sus restos)”. “La Empresa respeta los contratos firmados con sus clientes sin restringir el derecho a uso por cuestiones de raza, credo, nacionalidad”, explicó.
Para Liliana Alfaya, ex concejal de Pilar y actual funcionaria en el la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la respuesta de la empresa Jardín del Pilar no es del todo satisfactoria.
“Porque no es solo una cuestión de servicio de empresa privada, sino que se trata de acompañamiento ideológico. Recordemos que todo se hizo con un silencio cómplice”, dice. A pesar que la ordenanza 117/05 obliga a que cada cementerio privado, como el Memorial, presente cada mes ante la Dirección de Salas Velatorias y Cementerios el listado de las inhumaciones, exhumaciones y cre- maciones, la concejal de la UCR, Claudia Zackehm, no pudo acceder a la información por no contar con una orden judicial. “No comparto ese criterio. ¿Qué pasaría si alguien tiene plata y paga para que no se sepa dónde está enterrado un pariente. ¿Cuántos crímenes y demás situaciones se cometerían? El Estado no puede olvidar su rol de control”, dijo Alfaya.
A pocos metros de esas dos tumbas está la de José Alfredo Martínez de Hoz.