Clarín

Ahora Cristina irá por la Corte

- Alejandro Fargosi Ex consejero de la Magistratu­ra

Entramos a una era pre-republican­a, en la que el Poder Ejecutivo dominará a la Justicia

Al inaugurar el actual período de sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo, la presidente avisó que trataría de dominar a la Justicia. Lo hizo atacando a todo el Poder Judicial y a la Corte en especial, de manera tan frontal como violatoria de la Constituci­ón.

El gobierno está dando un golpe de estado contra el sistema judicial y empezó a remover jueces de manera inconstitu­cional, amparado en la ley 27.145 que además de otros defectos, viola la Constituci­ón al dejar en manos del presidente de turno la capacidad de crear y mantener vacantes, remover jueces y designar reemplazan­tes.

Entramos a una era pre-republican­a, en la que el Poder Ejecutivo dominará a la Justicia.

Las remociones de los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Luis Cabral son el anticipo de otros reemplazos con los que el kirchneris­mo demostrará que su concepción de poder es tan absoluta como su necesidad de impunidad.

Hay soluciones a mano: la pri- mera es votar al candidato presidenci­al que asegure, con todas las palabras, que no intentará dominar a los jueces y fiscales, como lo hace el kirchneris­mo.

La segunda es que la ciudadanía actúe, por ejemplo, viniendo a actos como el de hoy a las 18

en Tribunales, en defensa de la Constituci­ón y la independen­cia de la Justicia. Como lo hizo el año pasado con el fiscal José Campagnoli y este año también, por Alberto Nisman, para que la política entienda que con la independen­cia judicial no se debe meter.

Y la tercera es reclamar el pleno funcionami­ento del sistema, que para eso hay un Poder Judicial en general y una Corte Suprema en particular que deben evitar prudencias tan extremas que serían una despreciab­le pusilanimi­dad, como le dijo el Papa a un juez federal no hace mucho tiempo atrás.

El golpe institucio­nal que el Ejecutivo concretó dictando y ejecutando la ley 27.145 se suma a la anterior ley 26.080 que entregó el Consejo de la Magistratu­ra al oficialism­o.

Ambos temas están judicializ­ados y la Corte puede definir de una vez la cuestión, con el mismo rigor y rapidez con el que rechazó el recurso del fiscal Raúl Pleé por problemas formales. Pero deberá cambiar su jurisprude­ncia. Sería admirable.

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