Un intendente massista creó su propia policía pero los K dicen que es “ilegal”
El intendente massista de San Miguel, Joaquín De La Torre, anunció ayer la aprobación del proyecto de creación de Policía Municipal por ordenanza, pese a la oposición del bloque del Frente para la Victoria en el Concejo Deliberante local. La polémica quedó lanzada porque los referentes K del distrito se reunieron con el gobernador Daniel Scioli y sostuvieron que este cuerpo policial “es ilegal”.
La Policía Municipal se lanzó en 2009 con los primeros cinco patrulleros y 20 cámaras de seguridad que proveyó entonces la provincia de Buenos Aires, indicó a Clarín De la Torre, uno de los más importantes jefes comunales aliados de Sergio Massa. Pero el año pasado, el gobernador Daniel Scioli avanzó por decreto en otro instrumento, la “Policía Local”, al que han adherido ya medio centenar de distritos.
“Nuestro proyecto es el que Scioli proponía pero después La Cámpora no lo dejó avanzar en la Legislatura”, sostuvo De la Torre, y explicó que el Concejo Deliberante lo que hizo fue darle “marco jurídico a lo que ya venía funcionando con éxito”. Puso como ejemplo la detención del “Gordo” Valor por la policía de San Miguel.
Pero la oposición K en el distrito, coordinada por el secretario de Servicios Públicos sciolista y precandidato a intendente, Franco La Porta, se reunió ayer con Scioli para pedirle la Policía Local. “San Miguel la necesita porque tendríamos el doble de recursos y efectivos para cuidar a los vecinos”, sostuvo La Porta. De la reunión participaron los otros precandidatos a intendente K, Daniel Tapia, Bruno Baschetti y Alfonso Coll Areco.
De la Torre salió al cruce de la movida. “El gobernador tiene las facultades de mandar toda la policía que quiera; pero es preocupante que parecen ver la seguridad de San Miguel recién ahora que sacamos este proyecto”, dijo el intendente, y advirtió que “si llevan el tema a la Justicia, van a privar a la gente de una policía que ya funciona”. De la Torre dijo que la formación de policía Local lleva un mínimo de seis meses de capacitación, por lo que ya no se vería este año; y criticó la escasa formación de quienes en seis meses entran ciudadanos y salen con derecho al uso de un arma de fuego.