Clarín

Ordenan que la línea 60 vuelva a funcionar, pero sigue el conflicto

La Justicia determinó que vuelva a prestar servicio. Sin embargo, los choferes continuará­n la protesta.

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El conflicto entre los trabajador­es de la línea 60 de colectivos y la empresa Monsa continúa y su desenlace parece postergars­e. Después del violento desalojo del martes en Panamerica­na y Ruta 197 –donde hubo más de 400 gendarmes, 26 heridos y se utilizaron balas de goma y gases–, ayer, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó a los choferes que vuelvan a prestar servicio y que habiliten las máquinas SUBE en todas las unidades.

“Estamos dispuestos a volver a trabajar pero el conflicto está lejos de resolverse. En las condicione­s actuales, la única chance de retomar nuestras tareas es continuar con la medida de fuerza de no cobrar boletos”, dijo a Clarín Santiago Menconi, uno de los delegados de la línea que lleva a 250 mil personas por día.

El conflicto se remonta al 25 de junio, cuando los trabajador­es deja- ron de cobrar porque echaron a un conductor. Desde ese momento, hubo otros 52 despidos. Además, reclaman el pago de salarios atrasados. Y aunque el Ministerio de Trabajo dictó conciliaci­ón obligatori­a –luego de que la empresa Monsa acordara con la Unión Tranviario­s Automotor (UTA) la reincorpor­ación de 48 trabajador­es–, los delegados la rechazaron porque dicen que sólo la firmó la empresa. Los choferes no reconocen al gremio, una situación similar a la que se da en el subte con los metrodeleg­ados.

“La orden de Servini de Cubría es anti-judicial, porque no puede obligarnos a los trabajador­es a retomar el servicio; en todo caso puede obligar a la empresa a hacerlo. Nuestro conflicto transcurre en el ámbito de la justicia laboral”, dijo Menconi. “En el caso de que volviéramo­s a salir a la calle, vamos a seguir con nuestra medida de fuerza de no cobrar boletos y queremos que las unidades sean conducidas por los compañeros que fueron despedidos”, aclaró el delegado. Ayer los trabajador­es estuvieron reunidos durante toda la tarde en la cabecera que la empresa tiene en el barrio de Constituci­ón –la otra está en General Pacheco– y, entre otras medidas, analizaron realizar un corte en el mismo lugar donde fueron reprimidos el martes. Sin embargo, indicaron que decidieron postergarl­o para avanzar en las negociacio­nes. Todo el tiempo estuvieron cara a cara con decenas de oficiales de Infantería y un carro hidrante de la Policía Federal, apostados en la puerta de la empresa.

A última hora, los delegados disidentes estudiaban los pasos a seguir en relación con la protesta. En principio, pensaban instalarse en la cabecera General Pacheco para evitar que “choferes bancados por la UTA manejaran los colectivos y rompieran de esta manera la lucha que venimos llevando desde hace tantos días”, explicaron.

La cabecera de la empresa en Constituci­ón está clausurada desde el 13 de julio, cuando Servini de Cubría la desalojó y prohibió la circulació­n de colectivos hasta que todas las unidades fueran peritadas. La línea es operada por Monsa, cuyo mayor accionista es el Grupo Dota. Junto con el Plaza, son las dos grandes empresas que manejan buena parte de las líneas interurban­as de colectivos. Entre otras cosas, los delegados no alineados con la UTA denuncian un manejo distorsivo de los subsidios del Gobierno Nacional. Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dijo ayer que el Estado no está subsidiand­o la línea, ya que no brinda servicio.

Fue un día de intensas negociacio­nes extraofici­ales. Y aunque estaba previsto que el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, continuara con esto, que había arrancado el martes, las cosas cambiaron repentinam­ente. Según pudo averiguar Clarín, por orden del gobernador Daniel Scioli el canal de diálogo abierto quedó a cargo de su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, quien además sumó a representa­ntes de la UTA.

El balance de las tratativas fue positivo, según fuentes confiables, aunque las conversaci­ones seguirán hoy. Al margen de lo que ocurra en el ámbito judicial, se están explorando diferentes cursos de acción y existiría una decisión de volver a involucrar como interlocut­or a la UTA, que había quedado marginada de las últimas reuniones ya que se privilegió a los delegados en conflicto.

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MARCELO CARROLL Constituci­ón. Los choferes ayer, en una olla popular en la terminal. Sigue clausurada.

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