En Esquel quieren que Parrilli vaya y explique la vigilancia a 22 vecinos
El abogado de los mapuches que litigan contra Benetton descubrió que los espiaba un agente del gobierno nacional. El Concejo Deliberante de Esquel aprobó una resolución en la que convoca al secretario de Inteligencia de la Nación Oscar Parrilli para que aclare la presencia en la ciudad de integrantes de organismos de inteligencia del Estado Nacional que espiaron y ficharon a por lo menos 22 vecinos en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton y también a militantes del grupo “No a la mina” y otros sectores de la comunidad.
La denuncia fue realizada por tres fiscales provinciales al juez federal de Esquel Oscar Otranto. Los fiscales supieron de la presencia de los espías a través de las declaraciones del abogado defensor de los aborígenes. En el trámite de la causa Mapuche- Benetton, el defensor público Fernando Radziwilowski descubrió un archivo digitalizado con nombres, fotos y actividades de 22 personas. La mayoría de los fichados participa de la Asamblea “No a la Mina” de Esquel, que milita para frenar los proyectos mineros en la zona, y también hay integrantes de las comunidades de los pueblos originarios que mantienen un viejo conflicto por las tierras con Benetton.
La gama de espiados incluye a docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos, abogados, periodistas y miembros de la comunidad mapuche.
El Ministerio Público Fiscal admitió haber recibido esas fichas, aportadas por un agente cuyo nombre tienen prohibido divulgar por la Ley de Inteligencia. El fiscal Fernando Rivarola dijo que el informante “es integrante de un organismo nacional, tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad”. De todas formas el Ministerio Público Fiscal denunció la situación y solicitó ser liberado de esa obligación de silencio, según dijo a Clarín el Procurador General Jorge Miquelarena.
El hecho tuvo su continuidad en la Legislatura. Mientras el oficialismo y algunos ministros culpaban el accionar de la justicia, la oposición cargaba las tintas sobre el gobernador Martín Buzzi: “Es imposible que si hay un espía enviado por la Nación, el gobernador no lo sepa”, dijo el diputado Jerónimo García, quien además de repudiar el hecho pidió un requisitoria al gobierno, sobre todo al ahora ex secretario de seguridad, el general retirado Oscar Martínez Conti.
No es la primera vez que hay vigilancia ilegal en Chubut. En 2006 estalló un escándalo cuando el cabo de la marina Carlos Alegre denunció que desde la Base Almirante Zar de Trelew se espiaba a dirigentes políticos, sociales y periodistas. Hubo un juicio oral en 2012 y seis marinos fueron condenados. El CELS, que había impulsado aquella causa, ayer dijo enun comunicado que “la justicia federal debe investigar y determinar quiénes confeccionaron estas fichas de inteligencia y quiénes solicitaron, supervisaron y usufructuaron esta información producida de manera ilegal.