La UOM admite la investigación por lavado de dinero contra Caló
Está acusado de recibir ilegalmente 20 mil dólares por mes de los afiliados. “Estamos a disposición”, dicen.
La UOM tuvo ayer una extraña reacción ante la decisión del Tribunal Oral Penal Económico N° 2 de ordenar que se investigue a Antonio Caló y a otros dirigentes metalúrgicos por lavado de dinero: en un comunicado, en el que no se desmienten las duras acusaciones, el gremio se limita a afirmar que “los hechos mencionados en la reciente denuncia ya estaban siendo investigados desde hace años por la Justicia” y dice que el gremio “se presentó espontáneamente y se puso a disposición”.
“Las acusaciones en contra de los dirigentes metalúrgicos provienen de las declaraciones de un ex abogado de la entidad, Dr. Segundo Pantaleón Córdoba, quien fue despedido de esta organización hace más de seis años por haberla defraudado”, destaca la declaración, que agrega: “Dicho letrado fue con- denado recientemente por la justicia nacional en lo Penal Económico y aguarda cuatro juicios orales, en los cuales esta entidad gremial es querellante”.
El caso comenzó en 2011 cuando un control de la Aduana descubrió que Córdoba, ex jefe jurídico de la UOM, intentaba viajar en un buque rumbo a Montevideo con 800.000 dólares escondidos en su automóvil y, al ser descubierto, sostuvo que el dinero provenía de pagos mensuales y en negro del Instituto del Seguro, presidido por Julio Raele, para 13 directivos de la UOM y para él.
El fallo dictado anteayer por el Tribunal Oral Penal Económico N° 2 condena a Córdoba a un año y nueve meses de prisión por el delito de “recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado”, pero afirma que “se tiene por razonablemente acreditado que el ilícito penal que diera origen a la indebida receptación del dinero por parte de Córdoba se vincula, como estándar mínimo, a partir del delito de administración fraudulenta cometido en 1987 y hasta diciembre de 2008”, cuyos autores “habrían sido las entonces autoridades de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del Instituto de Seguros”.
“De lo actuado –advierte la sentencia- surge razonablemente acreditado que, durante más de veinte años, 13 autoridades de la UOM y el imputado Córdoba habrían percibido sumas mensuales promedio de 20.000 dólares estadounidenses dadas en prolijos sobres marrones por los responsables de la citada aseguradora, correspondientes al veinte por ciento (20%) de la recaudación mensual de los afiliados de tal sindicado en concepto de seguros de vida y sepelio”.
En el fallo, los miembros del Tribunal vincularon a los sindicalistas con el “aparente daño patrimonial a miles de trabajadores de la UOM durante más de veinte años (19872008) y el manejo indiscriminado y hasta inmoral de fondos en principio provenientes de delitos”.