Cosa juzgada írrita: remediar la corrupción
En mi libro Cosa juzgada fraudulenta. Un ensayo sobre la cosa juzgada írrita (Editorial BdeF, 2015) uso la categoría del Derecho penal de amigo para describir los procesos dirigidos a impedir investigaciones verdaderas con riesgo genuino para los imputados. Ahí argumento que el interés en el carácter definitivo de los fallos penales debe ser legítimo y que así como comprar un piano no nos convierte en pianistas, haber figurado formalmente como imputado en un proceso penal que es una impostura, un mero juego de marionetas, no hace que juegue la garantía contra el doble juzgamiento.
En ambientes con altos grados de manipulación institucional debe preocupar el uso de investigaciones para perseguir oponentes políticos, por lo cual es importante determinar con el mayor grado de refinamiento qué tipos de irregularidades e ilegalidades contaminan un proceso lo suficiente como para hacer permisible la reapertura tras un sobreseimiento firme. Además, en sistemas con bajos niveles de eficiencia investigativa o de mucha corrupción, los juicios pueden llegar a estar viciados casi siempre, por lo cual sería muy fácil reabrir causas cerradas.
¿Qué irregularidades contaminan lo suficiente para permitir la reapertura de un proceso cerrado con un sobreseimiento firme? Obviamente el soborno y la coacción a los funcionarios judiciales, pero estos también pueden incumplir sus deberes funcionales por motivos variados ( deseo de ascender, intención de sobreseer al héroe político acusado de un delito, familiaridad oculta con el imputado).
Cuando se refiere a la independencia y el carácter general de los jueces, Calamandrei dice que el verdadero peligro para los magistrados no es el soborno sino la pereza moral, que a la solución justa prefiere la transacción porque ésta no turba la vida tranquila y porque la intransigencia exige demasiado trabajo.
La inmutabilidad de las sentencias firmes fraudulentas lastima la legitimidad y el grado de aceptabilidad y utilidad del sistema judicial penal; el Poder Judicial se enaltece cuando razonadamente se retrocede para evitar que subsistan sentencias en casos donde la conducta antifuncional del juez o el fiscal omitió intencionadamente la búsqueda de la verdad.
Si queremos que la voz estatal sea autoritativa cuando enuncia públicamente que un hecho pasó de cierta manera y que la conducta de A tiene la relevancia penal X, es necesario reconocer que la firmeza de las investigaciones simuladas diluye la legitimidad y credibilidad del sistema judicial y hace prevalecer la autoindulgencia institucional.
La corrupción subvierte los procesos institucionales y si no es enfrentada desde un marco autoritativo como el Derecho penal, entonces la única reacción relevante que le queda a la comunidad política es la sanción electoral. La cosa juzgada írrita es una doctrina procesal que no solucionará la cuestión de la impunidad, pero seguramente desincentivará las soluciones fraudulentas o írritas. Y puede servir para evitar que se frustren las expectativas sociales en que haya no necesariamente condenas, pero al menos investigaciones razonables cuando se tramitan casos penales.