Mediación de Argentina y Brasil en la crisis fronteriza
Preocupados por la tensión que se generó entre Venezuela y Colombia tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar parte de la frontera, Argentina y Brasil buscan abrir un canal de diálogo en la crisis, que ya provocó la deportación de más de 1.500 colombianos.
La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín, recibió ayer a sus pares de Argentina, Héctor Timerman, y de Brasil, Mauro Vieira, “quienes viajaron enviados por la Presidenta Dilma Rousseff y la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de conocer más de cerca la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela y expresar su disposición para promover un diálogo entre estos dos países”, según un comunicado difundido ayer por la Cancillería.
“Los dos Cancilleres buscan contribuir con la solución a los problemas humanitarios y económicos en la frontera”, agregó el texto.
Timerman y Vieira informaron a Holguín que viajarían a Caracas para reunirse hoy con la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez.
Los cancilleres de Brasil y Argentina “buscan promover y profundizar el diálogo entre las partes dada la importancia que asignan a la unidad de la región y a la solución pacífica y negociada de las diferencias”, agregó el comunica- do conjunto de Argentina, Brasil y Colombia.
Se informó también que Vieira le entregó a la canciller colombiana una carta de la presidenta Dilma Rousseff para el presidente Juan Manuel Santos.
Fuentes diplomáticas contaron a Clarín que la iniciativa de viajar a Bogotá y a Caracas fue de Brasil, que consideró que no podían dejar a Colombia sin atención después de que en la OEA se abstuvieran en el voto al llamado a una reunión extraordinaria.
Las tensiones entre Colombia y Venezuela empezaron el 20 de agosto, cuando Maduro decidió cerrar la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el de- partamento colombiano de Norte de Santander después de que un ataque a tiros dejara tres soldados venezolanos heridos. Además, Maduro decretó el estado de excepción en sectores limítrofes y ordenó deportaciones masivas, con el argumento de la lucha contra el contrabando y las bandas armadas que operan en la zona.
La crisis escaló el fin de semana pasado, cuando ambos gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por los afectados.
El miércoles pasado, la ministra Holguín informó que desde que inició la crisis casi 1.500 colombianos han sido deportados.