El gobierno de Rajoy busca destituir al presidente catalán
El líder independentista Artur Mas, presidente de la comunidad catalana, podría ser destituido por el Tribunal Constitucional a instancias del gobierno de Mariano Rajoy. El juez de esa Corte llamará dos días después de las elecciones de hoy a Mas por su insistencia en convocar un referéndum ilegal el 9 de noviembre pasado.
“El presidente podría haber incurrido en un delito de desobediencia al no acatar la suspensión del referéndum del Constitucional”, informó el diario La Razón con gran despliegue. El periódico, uno de los de mayor circulación en España, es el vocero favorito de Rajoy, por lo que es de primer nivel la calidad de la fuente de esta información.
Una de las medidas a la desesperada adoptada por el gobierno conservador fue la de lanzar una iniciativa que otorga poderes al Tribunal Constitucional para sancionar con la destitución a aquellos funcionarios condenados por una sentencia. Esta drástica actitud será considerada, y seguramente aprobada, mañana o el martes por el Parlamento. Toda la oposición
rechaza esta medida. Los soberanistas catalanes insisten en que se trata de una resolución con nombre y apellido: Artur Mas.
El gobierno conservador ya interpuso cuatro querellas contra Mas, pero ahora cuenta con la posibilidad de que el Constitucional imponga al líder rupturista una sanción enérgica que lo aparte de la presidencia de la Generalitat. Sin duda, si este proceso se verifica, el conflicto aumentará singularmente en encono y no habrá ninguna alternativa de diálogo.
Volver al tema del referéndum fallido del 9 de noviembre, que Mas logró realizar en malas condiciones, permite que la sanción se verifique lo más rápido posible.
Pero habrá más iniciativas por las proclamas en favor de la Declaración Unilateral de Independen- cia que se producirán esta noche misma cuando se conozcan los resultados de la elección catalana.
Mas será acusado por el delito de desobediencia a mediados de esta semana por el instructor de la causa, Manuel Abril, y su comparecencia debe producirse unos cinco días después.
Cuando el gobierno de Rajoy acudió al Constitucional, la fiscalía sostuvo que existían indicios de que la suspensión “concreta y determinada” de la consulta alternativa ordenada por el Constitu- cional el 4 de noviembre “no fue acatada por los querellados ya que continuaron con la preparación hasta llevar a cabo las votaciones en edificios públicos”. De esta desobediencia se responsabilizó públicamente a Mas.
Varios dirigentes secesionistas han advertido que estas actitudes del gobierno agravarán considerablemente el conflicto e impedirán que puedan llevarse a cabo las negociaciones y el diálogo que ofrece Artur Mas.