Finanzas transparentes y contabilidad “en línea”
C ómo podemos responder a la preocupación que la sociedad civil está manifestando sobre la corrupción y el dinero sucio en las campañas? La respuesta es: con buena legislación y la voluntad política por parte de los gobiernos para enfrentar lo que podemos bien llamar “un cáncer de la democracia”. Cuando el dinero sucio -o el dinero de los negocios poco claros- entra a la política y corrompe la legitimidad de los gobernantes eso termina afectando también a los procesos electorales que son cada vez más caros y complejos. Es necesario, por eso, lograr un círculo virtuoso entre dinero y política, revirtiendo el círculo vicioso que suele establecerse a expensas de las sociedades. Seis reflexiones al respecto.
1) No hay sustitutos a una buena legislación. Estamos un poco perplejos porque en muchos casos tenemos buenas leyes pero sabemos que no se aplican suficientemente bien. En otros casos ni siquiera existen buenas leyes. Los partidos políticos y legisladores deben hacerse car- go de escuchar este clamor social y avanzar con buenas legislaciones. Esta debe ir acompañada, por cierto, de la voluntad política. Los políticos deben entender que si no corresponden a este clamor popular, la gobernabilidad estará en peligro, la gente sale a las calles y exige respuestas o pone límites a la inacción en esta materia.
2) Se necesitan metas realistas. No se trata de hacer catálogos de buenas intenciones. Quienes participamos en el desarrollo de muchas elecciones sabemos que el que organiza elecciones tiene ciertos límites y es muy difícil desafiar estos límites. El contexto cuenta y estamos viendo en muchos países y regiones del mundo que en base a este contexto de fuerte desconfianza hacia los partidos políticos y el sistema electoral, surgen voces que con una agenda populista ofrece soluciones simplistas que no están conectadas con la realidad.
3) Cómo lograr la apertura de los Estados nacionales ante las recomendaciones de los organismos internacionales. El diagnóstico es claro. Hay gobiernos que no se sienten cómodos con la observación electoral, no quieren observaciones ni monitoreos, a los que entienden como una injerencia. Aquí es donde la sociedad civil cumple un papel central. Es su presión la que debe lograr que los gobiernos entiendan la necesidad de atender los procedimientos electorales transparentes y las reformas que permitan una fiscalización, control del dinero y acceso a rendición de cuentas. El uso de la tecnología al servicio de la rendición de cuentas y la transparencia es fundamental. Todos los ciudadanos tenemos, a través de nuestros teléfonos inteligentes, la posibilidad de observar y denunciar situaciones de corrupción y abuso de poder. Estos medios cumplen una función importante para que los organismos públicos puedan actuar de manera más eficaz. Se deben tomar con seriedad los modelos exitosos. Costa Rica y México son ejemplos de avance en materia de legislación sobre mecanismos de financiamiento y la posibilidad de tener, por ejemplo, la contabilidad “en línea”. Si los ciudadanos podemos saber día por
día lo que gastamos con nuestra tarjeta de crédito o débito y contrastarlo con lo que recibimos como ingreso, no hay razón para que no podamos esperar lo mismo en materia de control de financiamiento de los partidos políticos.
Hace falta construir una agenda regional para enfrentar desafíos enormes. El narcotráfico, los grupos de interés creados e inconfesables no deben ser quienes determinen o condicionen los resultados de
las elecciones. Debemos seguir siendo los ciudadanos los que con el ejercicio libre y soberano de nuestro voto decidamos quien va a tener las riendas de los órganos representativos.
Ceder a la presión de que sea el dinero mal habido el que determine la ruta de la política sería muy lamentable. No debemos permitir que estos grupos ilegítimos roben de los ciudadanos el poder de elegir. Al final del día, de lo que se trata es de cómo mantenemos la confianza de los ciudadanos en las elecciones; que sientan que
vale la pena ir a votar, además de ser una obligación cívica, y que ese voto que estamos emitiendo se corresponda con elecciones bien hechas, bien vigiladas y que los recursos económicos sean obtenidos y gastados de manera transparente.
Hay gobiernos que no se sienten cómodos con la observación electoral o los monitoreos”