Para liberar importaciones, se desata un festival de amparos
El proceso arranca con una denuncia de demora. Y tarda unos 180 días. La deuda llegaría a US$ 9.500 millones.
Las empresas importadoras están
apelando a la vía de los amparos judiciales para destrabar el ingreso al país de mercadería importada. Es el camino que encontraron ante las trabas que impone la Secretaría de Comercio, enfocada en restringir el ingreso de bienes para atenuar la pérdida de dólares que está sufriendo el Banco Central.
Las trabas a la liberación de las Declaraciones Juradas de Anticipo de Importaciones (DJAI) se hicieron más evidentes desde el lunes siguiente a las PASO del 9 de agosto, según coinciden el ex directivo de la cámara de importadores, Miguel Ponce, hoy titular del Centro de estudios para el comercio exterior y el abogado Agustín Gilardi, del estudio Balestra & Gilardi, muy activo en la presentación de amparos.
El contexto de este “festival de amparos” lo describe Ponce:
se acrecentó la deuda por importaciones ya efectuadas y demoradas en su pago. Esta es deuda de los importadores con sus proveedores externos que hoy llega a 9.500 millones de dólares. El Gobierno pretende que las empresas locales negocien el pago de ese pasivo sin involucrar al Estado. “De ese monto, el 50% corresponde a deudas con empresas de autopartes, 25% insumos para las armadurías de Tierra del Fuego, y el resto se reparte entre los demás mercados”.
Se triplicó la cantidad de empresas que utilizan el mercado del Contado con liqui (CCL). Se calcula en el sector empresario que cerca de 150 compañías apelan a la compra de dólares paralelos pero legales en el mercado bursátil, a un precio cercan a los 14 pesos por dólar. El mercado creció a partir del fallo de la Corte Suprema que reconoció legalidad de la operatoria, en tanto no se pueda acceder a los dólares que vende el Central a precio oficial a través del mercado único y libre de cambios (MULC).
Se multiplicó exponencialmente la cantidad de empresas que presentan recursos de amparo para liberar mercaderías que no consiguen DJAI o a las que se les niegan las divisas. Este fenómeno se aceleró a partir de las PASO, principalmente en las empresas de los mercados no cuotificados (como automotrices y ensambladoras de Tierra del Fuego).
El abogado Agustín Gilardi reconoció que su estudio está muy enfocado en la presentación de recursos de amparo. Explicó cómo es el proceso, al que apelan, sobre todo, empresas importadoras de productos electrónicos y juguetería. “Las trabajas las pone Comercio y la presentación del amparo es la reacción lógica ante la violación del derecho constitucional a ejercer el comercio y la industria lícita”.
El proceso arranca con la denuncia de demora. “Constatamos ante escribano el estado de la DJAI, y si en diez días hábiles no se liberó, presentamos nota ante la Secretaría de Comercio, esperamos la respuesta y si no la hay, a la semana presentamos formalmente el recurso de amparo”. Gilardi explica que el proceso puede demorar, entre que se hace la primera presen- tación y la liberación efectiva de la mercadería, “unos 180 días”.
Este recurso judicial, tiene un costo. Los abogados cobran honorarios que van del 5 al 10% del valor de la mercadería “liberada”. Como el lector se imaginará, es un costo que el importador traslada al precio final del producto en cuestión. La conclusión es que por los dólares que las empresa tienen que comprar en el mercado paralelo, o por los recursos judiciales que suben los costos, es el propio Estado el que termina impulsando un encarecimiento del los productos importados.