Un enemigo clave de Dilma pone ahora en duda su juicio político
Eduardo Cunha, titular de Diputados, dijo que debe confirmarse que la presidenta haya cometido un delito.
Tras enfrentarse duramente a Dilma Rousseff, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, dio un giro y bajó ayer notablemente el tono contra la mandataria, al decir que las llamadas “ruedas fiscales” –el maquillaje de los balances de las finanzas públicas– pueden no ser motivo para iniciar un juicio político a la jefa de Estado.
Cunha había ironizado días atrás que las “ruedas fiscales” se habían convertido en “motocicletas”. Pero ayer puso paños fríos a sus acusaciones contra el gobierno. “El hecho –de maquillar las cuentas públicas– por sí mismo no significa que haya razón para el pedido de impeachment. Debe confirmarse que hay una actuación de la presidenta en el proceso que violó la ley. Puede existir la rueda fiscal sin que exista la motivación para el impeachment”, dijo el titular de Diputados, citado por la prensa brasileña. “Por ejemplo, si los bancos se juntaron y no pagaron. Ahí la responsabilidad es de los bancos. No se puede sacar una conclusión precipitada. Se precisa mucha cautela”, agregó.
Los principales partidos de oposición de Brasil, encabezados por el socialdemócrata PSDB, entregaron el miércoles a Cunha un nuevo pedido de juicio político contra Rousseff por adulterar las cuentas públicas. El titular de Diputados deberá decidir si lo acepta o rechaza.
“Vamos a procesarlo dentro de la legalidad, con total objetividad”, afirmó Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal socio de la coalición de gobierno. El diputado, sin embargo, rompió relaciones con el gobierno y protagonizó varios cruces con la presidenta, que se agravaron desde que el diputado fue acusado por la Fiscalía de haber lavado dinero procedente de la trama de corrupción en Petrobras. La semana pasada se supo que tiene cuentas bancarias en Suiza, que, según la fiscalía suiza, recibieron dinero desviado de la petrolera estatal. Ayer la justicia brasileña autorizó el bloqueo de esas cuentas.
La solicitud presentada el miércoles contra Dilma está firmada por los juristas Hélio Bicudo –uno de los fundadores del PT y hoy uno de sus más duros críticos–, y Miguel Reale Júnior, ex ministro de Justicia del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Está basada en la reprobación de las finanzas del gobierno relativas a 2014 por parte del Tribunal de Cuentas y en la denuncia hecha por el Ministerio Público (Fiscalía) de Cuentas, de que esas maniobras contables también se practicaron este año, en el actual mandato de Rousseff.
El maquillaje de las cuentas públicas es una violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal, y un mandatario que incurre en tal delito puede ser destituido.
El presidente de la Cámara Baja, que tiene la potestad de acoger o archivar los pedidos de destitución, había dicho respecto al pedido anterior que un presidente de la República no puede ser condenado por actos relativos a gobiernos anteriores y solo puede serlo por ilícitos cometidos en el mandato vigente. De ahí que la nueva presentación sí hable de este año.