Fracasó una maniobra oficial contra una denuncia en la OEA
Timerman intentó frenar una audiencia en la que se criticó la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Con una sorpresiva carta firmada por el canciller Héctor Timerman, el Gobierno intentó cancelar ayer en Washington una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde organizaciones civiles finalmente denunciaron injerencia del Ejecutivo sobre la Justicia argentina.
La presentación de Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles ante el organismo autónomo de la OEA tuvo como objetivo llamar la atención sobre la “frágil situación de independencia del poder judicial” en la Argentina. Los expositores hablaron sobre la crisis del sistema de designación de jueces, la parálisis del Consejo de la Magistratura y la proliferación de jueces subrogantes.
Pero sorprendió la información que luego reveló uno de los comisionados, el brasileño Paulo Vannuchi, que dijo que Timerman “pocas horas antes” había enviado una carta para pedir la cancelación de la audiencia. El comisionado explicó que la carta mencionaba la sensibilidad del momento político de la Argentina en vísperas de elecciones. “Nos reunimos y hubo decisión unánime de mantenerla”, relató Vannuchi, que citó la “intempestividad” del reclamo.
“Esta comisión solo podía mantener esta audiencia”, dijo Vannuchi y señaló que el tema sería abordado como una búsqueda de defensa de los derechos humanos pero “sin la intencionalidad de promover resultados en 24 o 72 horas porque la lucha por los derechos humanos no puede ser instrumentalizada por ideales electorales partidarios”. El Estado argentino esta vez no envió un representante, como es tradicional en estas audiencias, donde todos despliegan su posición.
Uno de los expositores, Alvaro Herrero, dijo a Clarín que el pedido de cancelación “fue un papelón mayúsculo” y que fue “una indicación del valor real que otorga el Gobierno a estos espacios. Dice que los derechos humanos son prioridad, pero cuando les toca participar en el órgano más importante sobre el tema de América lo deslegitima con su ausencia”.
Su colega Torcuato Sozio se refirieron a “la creciente incidencia de los jueces transitorios en la justicia nacional y federal”, y la designación de funcionarios que no reúnen los requisitos constitucionales como jueces. También se habló de los intentos por presionar a magistrados que tienen a su cargo investigaciones que involucran a funcionarios del Gobierno, como también el uso de vías “irregulares e ilegales” para promover la destitución del juez de la Corte Carlos Fayt.