Acuerdos permanentes con otras fuerzas políticas
Un riesgo se refiere al poder que adquiere el nuevo socio sobre el actor principal
En las democracias modernas, los gobiernos no gobiernan sin modificar leyes. Al próximo le espera un intenso compromiso legislativo. Coloquemos este compromiso en un marco más amplio, ineludible: ¿cuál es la coalición de gobierno más apropiada para comenzar una nueva gestión? La respuesta no es obvia. La tentación de transplantar sin más la coalición electoral al gobierno es universal. Fue el caso del comienzo del gobierno de Lula. Consideremos apenas una de las posibilidades: la presidencia de Macri. Cambiemos parece estar “apurando” los nombres del Gabinete. Son los nombres de la coalición electoral, el PRO, la UCR, y cosa así. Es el gabinete de la victoria. ¿Será el mejor? Mauricio y Gabriela obtuvieron apenas el 34,33% de los votos en primera vuelta; si llegan al gobierno habrán obtenido una mayoría absoluta algo artificial, como es casi siem- pre la de un balotaje. En el Congreso la fuerza política triunfante no la tendrá me
jor. En Diputados PRO-UCR-CC tendrán 91 bancas, contra 117 del FPV y aliados y lejos del quórum de 129 o de la mayoría absoluta. En el Senado, la situación del oficialismo sería más patética: cuenta con cuatro bancas del PRO y once de UCR-CC. Muy lejos de la mayoría necesaria. El FPV y aliados cuentan con 42. Un gobierno incapaz de formar quórum o de legislar por sí debe atender el problema y probablemente la coalición electoral debería dejar paso a la coalición de gobierno. Hay quizás dos caminos; el primero es el de las configuraciones ad hoc: las negociaciones son encaradas caso a caso, para cada iniciativa legislativa. No es insensato, pero los costos son elevados: se trataría de concesiones sobre el contenido de las iniciativas, de costos político-electorales, y de los costos de transacción de todo tipo necesarios para que las negociaciones lleguen a buen término. Habría que volver a pagar una y otra vez, en un marco de mayor incertidumbre y desgastante. La alternativa es, se supone, más estable y de mayor certidumbre, y probablemente ahorraría muchos costos de transacción: acuerdos permanentes con otras fuerzas políticas (o partes de ellas, como gobernadores) deseosas de compartir parcialmente el gobierno y de aunar acciones en el Congreso. Esta opción no está exenta de riesgos. Para concretarla hay que ceder espacios, afectando en parte a la coalición electoral. Otro riesgo es identitario y político electoral al mismo tiempo. La fuerza de la agrupación triunfante radica en el cambio, en lo nuevo, en dar vuelta la página de la vieja política, en decirle no al “sistema”. ¿Qué dirán los militantes, qué dirá “la gente” si entra “lo viejo” en la fórmula de gobierno? ¿En qué quedaría la voluntad electoral? Es comprensible que muchos se resistan a seguir este camino. Otro riesgo se refiere al poder que adquiere el nuevo socio sobre el actor principal: podría amenazar con su salida sabiendo que ella infligiría un daño importante. Con todo, esta alternativa parece mejor que la primera para conferir solidez e implanta
ción al gobierno y eficacia de largo alcance y coherencia a las políticas públicas. Si el gobierno elige este cuerno del dilema, el gabinete será un lugar privilegiado de la conformación de la coalición de gobierno.
Idealmente, la composición de la coalición parlamentaria debería estar reflejada en la misma proporción en las carteras ministe
riales. Idealmente, esto debería garantizar la disciplina de los bloques parlamentarios. No se trata, por supuesto, de que no haya negociación. Por el contrario, el presidente debería trabajar muchísimo, tal como lo hicieron Fernando Henrique Cardoso y Lula en sus mandatos. Y el presidente deberá evitar entornarse: el entorno es la perdición. Su tarea debería estar presidida por la máxima “Dentro de la ley, todo”: para lograr los objetivos de gobierno, férreamente dentro de la ley, el presidente deberá actuar sin escrúpulos y concretar los scambios necesarios, como FHC y Lula no vacilaron en mantener en su coalición a los estados gobernados por el “clientelar” Partido Movimiento Democrático Brasileiro.