La justicia federal ya investiga si los fugados tienen apoyo narco
El juez federal Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello recibieron cinco llamados anónimos con datos sobre ese tema.
Ahora también la justicia federal investiga a los tres prófugos del penal de General Alvear, Martin y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a cadena perpetua por el triple crimen de General Rodrí- guez en 2008. El juez Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello no se abocarán a la fuga, sino a detectar la posible connivencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico con los prófugos. En esas conexiones no se descartan, tampoco, a sectores de instituciones policiales y estatales.
“Se están preparando las primeras medidas de prueba, pero hay que ser muy cuidadoso para no malograr la investigación”, afirmó Di Lello a Clarín, pero anticipó que se buscará “un marco probatorio muy amplio”. El fiscal esperaba completar esta mañana un ope- rativo general de la investigación. Afirmaron, además, que ya se recibieron ante el Juzgado Federal 12, al menos cinco llamados anónimos aportando información.
Tal como adelantó Clarín, la causa que dio origen a esta investigación fue la denuncia realizada el sábado a la noche en la comisaría 35 por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich. En esa presentación, la ministra solicitó la intervención de la justicia federal para avanzar en la red de relaciones que pudieron haber facilitado la fuga del 27 de diciembre.
Se trató de una presentación muy genérica, pero de alto interés político. Es que al solicitar la ayuda de la justicia federal, el Gobierno de Mauricio Macri apuntó a dar celeridad a algunos procedimientos que, a su entender, no se estaban desarrollando con la premura que el caso requería en la justicia provincial. Es más, en el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal insistieron en la desconfianza que les genera no solo el desempeño de ciertos sectores de la policía bonaerense, sino también del Ministerio Público de la provincia.
Hablaron, en particular, de la procuradora ante la Corte Bonaerense, María del Carmen Falbo, ex diputada duhaldista. Falbo fue, además, abogada del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando este era intendente de Quilmes en 1994 y terminó escapando de la Justicia en el baúl de un auto.
Pese a que el fiscal que investiga la fuga, Cristian Citterio, asegura que solo recibió apoyo de la procuradora, en el Gobierno de Vidal señalan que Falbo llamó a Citterio para que no actúe con tanta premura. Desacostumbrados a los tiempos judiciales y apremiados por las presiones políticas, en el Gobierno bonaerense llamó la atención que los primeros allanamientos se ordenaran recién cinco días después de la fuga.
Por esos tiempos laxos que consideran clave en una investigación de este tipo, el macrismo encontró en la justicia federal una via alternativa para intentar dar respuestas a un problema estructural, pero ante todo político. Por eso, aunque se trató de una denuncia genérica, sí se mencionó otra causa que tramita en el fuero federal y que implica a los Lanatta. La causa que lleva la jueza María Servini de Cubría y en la que se investiga el tráfico de efedrina, precursor químico utilizado para drogas de diseño.
Apenas enterado de la denuncia, Torres ordenó la intervención la Superintendencia de drogas peligrosas y pidió que se chequeara si se habían cargado los pedidos de captura de los prófugos. Cuando la causa quedó a su cargo, después que el juez Norberto Oyarbide (quien resultó sorteado el lunes) la rechazara por entender que existían medidas urgentes en curso, Torres tomó el expediente. El martes, corrió vista al fiscal Di Lello y ordenó la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que depende del Ministerio Público y se dedica a delitos de comercio de drogas. Además, ya se pidieron informes a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).