Contra la financiación del terrorismo, profesionalidad
Para las nuevas autoridades no será sencillo dejar atrás el lastre de años de ignorancia y cinismo en áreas vinculadas a combatir el lavado de dinero y de activos.
El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas debería considerarse como otro escenario privilegiado para interpretar el sentido y profundidad del cambio político que supone el nuevo gobierno liderado por el Presidente Mauricio Macri.
El Informe del Council of Councils, una prolífica iniciativa del Council on Foreign Relations que recoge la opinión de think tanks de los países del G20, entre los cuales se encuentra nuestro prestigioso Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, señala que el combate al terrorismo y su financiación se encuentra 3° en el ranking de los cinco mayores desafíos globales, luego de la prevención de los conflictos armados entre Estados (1°) y la respuesta a conflictos violentos internos (2°), y antes de la gestión de la economía mundializada (4°) y la mitigación del cambio climático (5°).
El panorama es crítico: en estos últimos años, las organizaciones terroristas ha aumentado exponencialmente su poder dañino, considerando el número de sus víctimas fatales, la cantidad de insurgentes involucrados y el volumen de dinero disponible. Todo ello frente a las serias dificultades que encuentran las repúblicas occidentales para dar cuenta de un fenómeno tan grave cuanto complejo.
Posiblemente, la visita del presidente de Francia en febrero próximo, será una oportunidad para volver a plantearnos dónde estamos parados y cuáles son los objetivos que persigue la nueva administración en un asunto de esta importancia.
Se sabe que François Hollande, en representación de una Europa conmovida por los cruentos atentados ocurridos durante 2015 en suelo francés, solicitará mayor compromiso a la Argentina en el reto que supone desmantelar las arcas de los financistas del terror. Así lo destacó recientemente el ministro de finanzas socialista, Michel Sapin, ante el GAFI: “El dinero es en todos lados y todo el tiempo el nervio de la guerra: los terroristas, para actuar, tienen necesidad de fondos para la compra de armas, vehículos y escondites. La lucha internacional contra la financiación del terrorismo constituye un baluarte fundamental de la paz y la seguridad en el mundo”.
El Presidente Macri, con la designa- ción de Garavano, Malcorra, Prat Gay y Frigerio en su gabinete ya ha generado la expectativa de que este tema encontrará su norte. Hay constancias de que todos ellos entienden el múltiple beneficio (político, económico, social, reputacional, etc.) que supone que nuestro país controle los circuitos clandestinos vinculados a este tipo de criminalidad grave.
En el mismo sentido debe entenderse la propuesta de designación que ha hecho el Ministro de Justicia para que el nuevo presidente de la UIF sea M. Federici, un profesional de altísima calificación que conoce perfectamente el lugar significativo que ocupa esta materia en la agenda mundial.
No obstante, el lastre que dejaron tantos años de ignorancia y cinismo para tratar asuntos de esta magnitud, exige decisiones muy agudas y precisas para reactivar el funcionamiento sistémico de
todos los factores del Estado y el sector privado con capacidad para prevenir, detectar y reprimir a los donantes o socios del terrorismo.
Si se toma en cuenta el último Informe que el GAFI presentó al G20 en noviembre último, la Argentina parece un modelo de cooperación internacional, ocupando el Top 10 de los 194 países evaluados en lo que se refiere a la cantidad de personas designadas como terroristas (100!) y fondos congelados al terrorismo (Euros 98,000!).
Sin embargo, se trata de otro desgraciado fraude de las autoridades salientes
de la UIF, ejemplos de militancia K, quienes ordenaron frizar dinero en casos que nada tenían que ver con el terrorismo y, así, tergiversar los índices de
eficacia que exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Justicia Federal no solo estableció la ilegitimidad de este tipo de medidas, sino que advirtió sobre el escándalo que constituye desnaturalizar los protocolos del derecho internacional.
La Argentina necesita desarrollar con urgencia una evaluación de los riesgos de la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como del lavado de activos provenientes del crimen organizado. Y sobre esos resultados definir una estrategia nacional, como ya han hecho otros países de la región.
Igualmente, el gobierno debería enviar al Congreso una ley integral que derogue
la absurda y traicionera norma vigente
nro. 26.734, defina al terrorismo como una figura del catálogo delictivo, otorgue mayor capacidad de análisis a la UIF y establezca más facultades a la justicia para investigar los patrimonios ilícitos.
En conclusión, se podría decir, que el significado del cambio en esta materia debería interpretarse a partir de los conceptos de profesionalismo, responsabilidad, confianza y sustentabilidad, esto es, valores y prácticas institucionales que nuestro país debe desarrollar para ser un actor relevante en uno de los ejes centrales de la actualidad.