Avalan que la Federal pida identificación en las calles
Según el Tribunal, exigir el DNI para identificar a las personas es una facultad policial. Para abogados constitucionalistas, esto remite a los edictos de la Fuerza suprimidos en 1996.
No es una noticia de 1978. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Capital –la máxima autoridad judicial porteña– avaló en un dictamen firmado en las últimas semanas la facultad de la Policía Federal para pedir documentos a cualquier persona en lugares públicos y apenas si es con el fin de “prevenir delitos”. La determinación levantó polémica de inmediato ya que podría derivar en detenciones por el simple hecho
de no portar DNI, lo que de alguna manera remite a los tiempos de los edictos policiales (suprimidos en 1996), en los que la fuerza de seguridad federal podía actuar en determinadas circunstancias sin la intervención de un juez.
El documento del TSJ, fechado el 23 de diciembre pasado, revocó dos fallos de la Justicia en lo Penal y Contravencional que habían anulado la detención de un hombre durante un operativo en la estación de trenes de Constitución después de que la Policía le pidió documentos y él mismo admitió que portaba un arma.
El hecho sucedió en abril de 2014 cuando la Policía estaba identificando personas al azar y se encontró con Lucas Abel Vera, quien mostró “cierto nerviosismo” y de forma espontánea manifestó tener un arma de fuego en la cintura, tras lo cual fue detenido.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones había considerado la nulidad de aquel procedimiento, y de todo lo actuado en consecuencia, por entender que la Policía no se encuentra autorizada a “impedir la libre circulación –aunque fuese por un tiempo mínimo– y de exigir la exhibición de documentación (...) si no cuenta con un motivo válido para hacerlo”. Los jueces argumentaron que la detención de Vera constituyó una privación de la libertad ambulatoria ya que no existió un supuesto de sospecha.
No obstante, la mayoría de los jueces que componen el Tribunal Supremo de Justicia votó dejar sin efecto la resolución de la Cámara y devolverle el caso para que otros jueces “se pronuncien sobre la legitimidad del procedimiento”.
La jueza del TSJ Inés Weinmberg, por caso, consideró que “la solicitud de documentos en la vía pública a las personas en ejercicio de controles generales por parte de la Policía, constituye una de las facultades implícitas”. Y opinó que la interrupción de la libre circulación de Vera fue “por el tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhibiera su documentación personal”.
Otro integrante del Tribunal, Luis Francisco Lozano, entendió que la facultad de pedir DNI está “implícitamente reconocida siempre que su ejercicio constituya una ‘actividad de seguridad (de prevención del delito)’”. Aunque aclaró que la medida “no debe discriminar, no debe asumir solapadamente criterios de sospecha por notas de las personas que harían odiosa una distinción”.
Sin embargo, para los especia- listas consultados por Clarín, este fallo del TSJ sí podría derivar en acciones policiales que atenten contra la privacidad de las personas.
“Corremos el riesgo de volver a una situación muy parecida a la de los edictos policiales. Acá no se permite la detención por estado de sospecha. Lo que está haciendo el fallo del Tribunal es ampliar sin fundamentos constitucionales las facultades de intromisión de la Policía en la privacidad”, dijo a Clarín el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, para quien esta decisión podría “contribuir a la corrupción policial, y la van a sufrir sobre todo los pibes, los pobres y los más vulnerables”.
Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), opinó que la decisión
del Tribunal es “claramente un retroceso”. Y agregó: “Se ancla en lo que han sido prácticas históricas de la Federal de detener arbitrariamente pibes de poblaciones vulnerables sometidos a prácticas de hostigamiento. Hay una idea de los jueces de que esto tiene que ver con que la Policía, para prevenir, tiene que hacer control poblacional. El TSJ debería controlar las arbitrariedades policiales, no darles rienda suelta”.
Lo que no queda claro en el fallo es qué pasaría si la Policía le pide documentos a una persona que no los tiene encima. “Se presta a interpretar que quedaría detenida. Pero Argentina ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estas prácticas, que cambiaron desde el caso Bulacio”, remarcó Gil Domínguez.