Sin recursos para encontrar a los sicarios
Argentina: todo pasa, o puede pasar. La búsqueda del trío de prófugos de General Alvear, asesinos condenados a cadena perpetua, es aún más compleja de lo que ya de por sí sería debido a una serie de infortunios, azarosos o no, que aquejaron a los investigadores desde el primer día en el que empezó la pesquisa.
Esa concatenación de desventuras, sumadas a las complicidades de integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales con los fugados, conforman, sumados, un listado de dramas que sufren buena parte de los ciudadanos argentinos, pero que ocurren también en los más altos niveles de la política nacional: cortes de luz en oficinas clave; fallas en el servicio de internet en organismos públicos estratégicos, y al mismo tiempo quebrados; cámaras callejeras municipales que no funcionaban; áreas de investigación que en las que la policía sufre, como en gran parte del país, por defectos insoportables en la señal de los celulares; y hasta falta de coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia, que terminaron siendo funcionales a los delincuentes más buscados del país.
Sobre este último punto pueden haber existido errores humanos, internas políticas, pero también acciones generadas adrede por agentes infiltrados en este trama por el crimen organizado, admitieron a Clarín fuentes del Caso “Prófugos”.
La fiscalía que investiga la trama de la causa enfocada en la fuga misma de la cárcel de General Alvear, al mando de Cristian Citterio, ubicada en la ciudad de Azul, se quedó sin luz varias veces en los últimos doce días. Muchos de esos apagones ocurrieron en medio de vorágines laborales que tenían que ver justamente con la búsqueda de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci.
Este problema, estructural a nivel nacional, afectó a otros entes cruciales de esta misma investi- gación, como el Ministerio de Seguridad bonaerense, de Cristian Ritondo.
Al funcionario también se le cortó la luz en su despacho de La Plata, varias veces, mientras trabajaba en la investigación por la que duerme poco, mal, salteado, igual que el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi.
Las deudas no documentadas de Buenos Aires, que según la gobernadora María Eugenia Vidal ascienden a los 54 mil millones de pesos, no son sólo un número anotado en documentos conta- bles.
El descontrol financiero que dejó la gestión Scioli asombra a los actuales funcionarios.
Ritondo, como muchos de sus colegas, no tiene en su oficina acceso a Internet. La administración anterior dejó impago el servicio, con deficiencias técnicas complejas de superar desde los laberintos de la burocracia estatal.
Los cortes de luz fueron una constante en el caso. Así como los sufrieron el fiscal Citterio y Ritondo, también ocurrieron en el municipio de Quilmes, casi a diario.
Los Lanatta y Schillaci se vieron favorecidos por esos apagones repentinos: las cámaras se apagan a la media hora si no reciben electricidad. Es lo que pasó casi todos los días en los que la pesquisa se enfocaba justamente allí, en Quilmes y Berazategui. Hubo apagones diarios, de más dos horas, promedio.
El hoy intendente del distrito, Martiniano Molina (PRO) descubrió que de las 420 cámaras que les dejó la gestión anterior sólo funcionaban 187. Tendrían que haberlas chequeado los policías de la Departamental de Investigación (DDI) del distrito. Y no: el jefe fue desplazado porque se detectó que sus agentes “ayudaban” a los prófugos.
En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad nacional, de Patricia Bullrich, instaló camiones satelitales en zonas rurales de Santa Fe. La señal de los celulares de los agentes, allí, en ese momento, debían funcionar bien.
Las desventuras de una provincia en crisis se suman a la complicidad de parte de los agentes