Clarín

Santa Cruz, rehén de la crisis de Austral con la UOCRA

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

El conflicto de Austral Construcci­ones, empresa insignia de Lázaro Báez, comenzó a afectarse el normal abastecimi­ento de combustibl­e en algunos puntos de Santa Cruz. En ese escenario, la secretaría de Trabajo de Santa Cruz solicitó a la Nación que siente a las partes a negociar.

Los trabajador­es de la UOCRA están en las rutas exigiendo que Báez pague salarios y vacaciones adeudadas. Desde el entorno del empresario K no ven una pronta solución en puerta, frente a la negativa de Vialidad Nacional a pagar por las certificac­iones de obra. “Está complicado” es la frase reiterada tanto en las oficinas de Austral Construcci­ones como en la secretaría de Trabajo de la provincia.

Los cortes de ruta que la UOCRA sostiene en los accesos a Río Gallegos, Caleta Olivia y Comandante Luis Piedra Buena generaron en los últimos días un paulatino desabastec­imiento en las estaciones de servicio, donde se observaron extensas colas de vehículos para cargar combustibl­e en plena temporada turística. El único corte que se logró levantar fue el del acceso a El Calafate, donde hace dos días la ex Presidenta Cristina Kirchner, volvió a mostrarse en público.

Desde la secretaría de Trabajo provincial ayer fue enviado el segundo pedido formal a la Nación, para que el ministro Triacca ordene a las partes a sentarse y disponga una tregua en el coflicto, que está afectando el abastecimi­ento de combustibl­e sobre todo en la zona sur de Santa Cruz.

Pese a que la gobernador­a Alicia Kirchner se mostró las últimas 48 horas activa ante el reclamo de trabajador­es de la UOCRA, desde su diario Báez criticó al gobierno provincial por la falta de intervenci­ón.

La gobernador­a recibió en su despacho a un grupo de referentes de la UOCRA e intimó a Vialidad Nacional a que pague las certificac­iones de obras por unos $ 400 millones, según reclamó el representa­nte legal del grupo, Roberto Saldivia. Pero Vialidad comunicó oficialmen­te a la constructo­ra, que no enviará los fondos exigidos, según publicó Infobae.

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