Macri mide el costo político de subir el gas E
l trascendido viene del sector privado y les llegó, cuentan ahí, de fuentes oficiales: dice que el Gobierno estaría analizando la alternativa de postergar el aumento en las tarifas del gas contemplado en principio para marzo.
Sería una decisión política fuerte, sólo posible si la toma el propio Mauricio Macri, y lo sería sobre todo porque bajar el incremento significa bajar una pieza clave del recorte a los subsidios de 2016. Quizás eso explique que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aluda reiteradamente a la medida sin precisarla.
La resistencia a dar el paso tendría origen en el ala más política del Gobierno, inquieta por el impacto que ya provocó el aumento de la luz. El gas le agregaría otro, con subas que quienes dicen conocer el plan cifran en alrededor del 300%.
Además, caería en medio de la pulseada salarial y justo cuando la inflación está en el ojo de la tormenta. Puestos a imaginar escenarios posibles, los políticos del gabinete macrista también miden el riesgo de que el combo energético erosione el capital social acumulado por el Presidente durante estos dos meses.
Ya varios empresarios han advertido que trasladarán a sus precios el mayor costo de la electricidad, lo cual equivale a decir que la historia continuará con el gas. Siempre alertas ante cada movimiento, ni siquiera piensan que con esas declaraciones están potenciando expectativas inflacionarias hoy bastante potentes por cierto.
Según cálculos acaso moderados, desde despachos oficiales sostienen que el efecto directo del ajuste de la luz sobre el índice de precios será del 2 al 2,5%. Y que sumando los proyectados para gas y agua, el paquete aportaría entre 6 y 8%.
En tren de no echar más leña al fuego, estaría descartado un aumento en el transporte de pasajeros, mientras se decide qué hacer con el gas.
“Todo es finalmente una cuestión de tiempos y de calibrar costos y beneficios”, afirma un consultor que comparte con muchos otros la estrategia de enfrentar, simultáneamente, el atraso del dólar y el disloque tarifario.
Una parrafada remata su visión del cuadro completo: “El levantamiento del cepo salió mejor de lo que unos cuantos esperábamos. Puede ser muy atendible el temor por la imagen de Macri, pero yo seguiría adelante con el gas y con el plan de achicar subsidios porque la situación fiscal es realmente preocupante”.
Ahí entra, justamente, la relación costo-beneficio. Contra la opinión de quienes aún consideran que sin un ajuste más drástico ninguna cuenta cierra, el Presidente eligió una vía si se quiere gradualista.
Luego, el costo provendría de la demora en corregir el enorme desequilibrio fiscal heredado y el beneficio, de un esquema que apuesta a cosechar capital político y a preservar la cosecha.
Otra cosa es que la cadena de devaluación, precios y tarifas pueda terminar sujetada dentro de una inflación del 25%. Debería haber índices menores al 1% mensual en la segunda parte del año para que se cumpla la meta, aunque algunos analistas proyectan un tercer trimestre por debajo del 20% anual.
Con este panorama a la vista y la intención de no quedar embretados por la pauta oficial, fueron los dirigentes gremiales a la Casa Rosada el jueves. El telón de fondo, en más de un sentido común, fuerza a las dos partes a un delicado equilibrio.
Macri debe medir qué entrega a cambio de lo que pretende recibir, sin comprometer demasiado su estrategia. Por eso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se apresuró a informar que esta semana o a más tardar la próxima será difundida la reforma del Impuesto a las Ganancias; quizás junto al aumento y universalización de las asignaciones familiares. Esto es, aflojar hacia arriba y hacia abajo.
Hubo en el medio un par de encuentros bien sintomáticos y ambos de Alberto Abad, el jefe de la AFIP. Uno con el Presidente, el día previo a la reunión sindical y el otro con Alfonso Prat-Gay, durante la mañana de esa reunión.
Peronista y amigo de Macri, Abad es parte del equipo encargado de compatibilizar las reformas a Ganancias en danza. Y ni hace falta decir que detrás del proyecto final pesan instrucciones y objetivos políticos del Presidente: como en el gas, otra vez la relación costo-beneficio.
El delicado equilibrio que le toca a los dirigentes gremiales también se despliega sobre varios frentes simultáneos. Para empezar los salarios, que es igual a cuidar
la base de su poder; probablemente incorporándolos a un mix donde coexistan algún adelanto y un primer aumento con la paritaria abierta a otra suba atada a la inflación. O sea, una variante similar a las aspiraciones de Macri.
La palabra cuidar también asoma en un segundo frente: cuidarse de no complicar la situación económica más de lo que está y de aparecer jaqueando a un gobierno que recién arranca. Viejos equilibristas, los dirigentes saben que allí puede haber un
bumerán.
Un tercero, claramente visible, apunta al empleo y a colar en la negociación salarial el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Y el último atiende la caja sindical: la devolución de $ 26.000 millones o cuanto menos de una parte importante, que son de las obras sociales y que el kirchnerismo había congelado.
Salvo este punto, es evidente que por el resto los empresarios tienen un papel relevante, comenzando por los precios, aunque en el juego no todos los empresarios valen lo mismo. Aquí cuenta bastante lo que el Gobierno haga y que lo que haga no suene a favor de las compañías.
El armado de comisiones integradas en principio por funcionarios y sindicalistas para analizar la situación sector por sector confirma que la Casa Rosada ha archivado, por inviable, la idea del pacto social amplio. Y si al final lo hubiera tendría la forma de un broche político.
A 8.491 kilómetros de Buenos Aires, en Nueva York, el Gobierno disputa un parti-
do diferente aunque crucial para afianzar su proyecto económico: conseguir que el juez Thomas Griesa levante las trabas que le impiden al país acceder al financiamiento internacional.
No se está hablando de un puñado de dólares sino de préstamos por alrededor de US$ 25.000 millones. El número fue sacado por la consultora ACM y tiene adentro el pago de la deuda a todos los holdouts.
Con esos recursos Prat-Gay cerraría el programa fiscal y al parecer estaría cada vez más cerca del objetivo de aislar a los fondos buitre más recalcitrantes, lo cual implicaría un avance decisivo hacia la venia de Griesa.
De vuelta a casa, falta que el Congreso apruebe la propuesta que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, dejó en el despacho del juez. Resulta una condición necesaria en el arreglo, como lo es lograr que el pero
nismo acompañe.
También de acá es la trepada del dólar. Explicaciones posibles: que el Banco Central no intervenga para no perder reservas, que le escape a la suba de las tasas de interés o que quiera evitar que su acción trasunte inquietud oficial. Una más, que prefiera cierta volatilidad en lugar de instalar la idea de un precio fijo.
En cualquier caso, entre el primer envión y la trepada de estos días el dólar aumentó 52% desde el levantamiento del cepo. Y eso
va a la cuenta de las expectativas.