La obligación de conciliar decentemente
En los últimos años la sociedad argentina quedó dividida por fanatismos; ahora se necesita un “desarme”, negociado con transparencia en el Congreso de la Nación.
No puede haber conciliación con un corrupto. El funcionario que le roba a la gente no
merece perdón. Su lugar es la cárcel. A la vez, no cabe suponer que todos los miembros de una fuerza política son corruptos. El peculado es una enfermedad contagiosa, pero no hay epidemia alguna que afecte a una comunidad entera.
Si se quiere moralizar el Estado es necesario
distinguir entre enfermos y sanos. El prejuicio y la discriminación conspiran contra el entendimiento e impiden conciliar posiciones. Sin embargo, no basta con discernir.
En política, el entendimiento requiere, además, el desarme de espíritus. Nunca es imposible. No lo es, siquiera, cuando deben entenderse dos gigantes universales, con conflictos incomparables a nuestros domésticos resentimientos.
No fue imposible para Richard Nixon entenderse con Mao Tse-tung. No fue imposible para Nelson Mandela, después de 27 años de prisión, reconciliarse con sus carceleros y elegir “el camino de la negociación, las concesiones recíprocas y la paz”.
En la política argentina suele haber facciones que, a fuerza de competir y agredirse, terminan creyendo que les asiste 100 por ciento de la razón. 100 a cero. No hay (no sólo en política, en la vida toda) semejante disparidad. Claro que la verdad tampoco se reparte en porciones iguales, y es posible que una parte tenga una porción mucho mayor que la otra. En todo caso, nada justifica que una humille y la otra calumnie.
En los últimos años, gran parte de la sociedad argentina se dividió por razones políticas, formando dos facciones que se dijeron irreconciliables.
Eso no afectaba la gobernabilidad porque el gobierno de turno –expresión de una de las dos facciones– tenía un poder casi absoluto. Sin embargo, el mismo gobierno dejaba caer, voluntariamente o no, semillas de plantas tóxicas que germinaban en el terreno fértil de la animosidad opositora. Ahora hay que desenraizar esas plantas.
Es, ante todo, tarea de los legisladores. Un Congreso donde nadie ostenta mayoría puede ser un palo en la rueda de la Nación. Y eso no se resuelve con negociaciones espurias que provean alianzas circunstanciales y cambiantes.
Una verdadera conciliación requiere que se sigan tres pasos:
1. Identificar en qué cosas se coincide, así sean pocas, y dejarlas fuera de cualquier discusión.
2. Exponer en qué hay discrepancias parciales, susceptibles de ser superadas o reducidas; y hacer esfuerzos por lograr al menos la reducción.
3. Acordar que, en aquellas materias donde las divergencias sean irreconciliables, cada parte mantendrá su posición con firmeza pero respetando a la contraparte.
Garantías de éxito no hay. Algunas negociaciones van a fracasar. Lo importante es que eso no frene la búsqueda de acuerdos.
En el Legislativo, tales acuerdos requerirán
siempre canjes: ninguna parte hará una concesión sino a cambio de que se le conceda algo equivalen- te. Esto es así en cualquier negociación, privada o pública; pero es más difícil en el Congreso, porque a menudo el legislador debe hacer concesiones sin saber si sus representados las aprobarán o las juzgarán una defraudación. Pero ése es un riesgo que asume todo quien se ofrece para actuar como representante en un ámbito donde ningún individuo puede imponer su voluntad.
Lo esencial es que todo se negocie a la luz del día. Y no hay que ver en toda oferta de acuerdo una extorsión. Está en la naturaleza de las negociaciones que el oferente comience pidiendo más de lo que ofrece. Lo habitual es que, ante el riesgo de ver frustrada la operación, termine bajando el precio.
El solo hecho de buscar una negociación es positivo, aun cuando sea (al menos en principio) inviable. Muestra una actitud que merece ser generalizada y perseguida con tesón.
Es el caso de la propuesta del presidente del bloque de Frente para la Victoria en el Senado. Miguel Pichetto ha ofrecido, en nombre de su sector, aprobar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, prestar acuerdo a los dos jueces de la Corte Suprema elegidos por el Ejecutivo, eliminar las restricciones que hay para mejorar la oferta de arreglo a los holdouts y autorizar el endeudamiento. A cambio, el gobierno debería restituir el 15% de la coparticipación que no reciben a las provincias y financiar obras públicas.
Es un precio muy alto. El gobierno no tiene el dinero para hacer lo que se le pide, pero el pedido es sólo el inicio de una eventual negociación, a lo largo de la cual ambas partes buscarán tal vez acercar posiciones, procurando que lo que es bueno para una lo sea también para la otra. Y, en definitiva, para el país. Claro está que la conciliación no puede buscarse a toda costa. Hay potenciales ofertas de intercambio que, de llegar a plantearse, deberían tener como respuesta al repudio y la denuncia.
Sería el caso si alguien osara prometerle al Ejecutivo ayuda en el Congreso a cambio de impunidad para quienes hayan incurrido en actos de corrupción. O el canje de votos por dinero. Hubo, en 2000, un caso de presunta compraventa de votos en el Senado. Jamás se lo aclaró. Y acaso haya otras transacciones de las que nunca supimos. La justicia no ha actuado siempre como en otros países.
En Brasil, José Dirceu, ministro-jefe de la Presidencia y mano derecha del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue enviado a la cárcel. Había dirigido la compra sistemática de votos parlamentarios: algunos legisladores recibían hasta 10.000 dólares mensuales por acompañar con su voto las iniciativas del gobierno. El caso fue resuelto por el Tribunal Supremo sin importarles a los jueces que el partido de Lula y Dirceu (PTB) siguiera en el gobierno. Negociar con transparencia. Canjear lo moralmente canjeable. Cooperar sin venderse. Esos son los deberes que tienen por delante quienes conducen y quienes legislan. La Argentina no toleraría una nueva frustración.
Lo inaceptable es transar con corruptos o concederles impunidad; pero no hay que generalizar: en ninguna fuerza política la inmoralidad es reina absoluta