Los Báez piden la libertad de Lázaro y el fin de su embargo
En una “memoria” de la apelación ante la Cámara, niegan haber lavado dinero y se dicen perseguidos.
“Se trata de una caza de brujas dirigida a Lázaro Báez. La finalidad es encontrar algo contra él cuesto lo que cueste”, resumieron los abogados del empresario K detenido hace más de un mes, en un extenso escrito que presentaron ayer ante la Cámara Federal. Rechazaron cualquier delito, solicitando con argumentos políticos la falta de mérito, el fin a la prisión preventiva para el titular de Austral Construcciones y que se deje sin efecto el embargo por 100 millones de pesos sobre bienes y vehículos de la familia.
Son 96 páginas cargadas de jurisprudencia y con un marcado acento político. En ellas, Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari reiteran su inocencia y que no hay ningún fundamento para mantenerlo detenido. Así de simple. Bajo esta línea argumental, consideran que la situación procesal fue efectuada con “omisiones” y en base a “conjeturas arbitrarias”.
Báez considera que se tergiversa la información brindada a la opinión pública, generando un “corrimiento en el objeto de interés en esta causa”, para dejar de ser un proceso judicial y “mutar” hacia la “consagración del más primitivo sentimiento de venganza popular (y judicial)”.
La primera parte del “memorial” que amplía la apelación de Lázaro y Martín Báez busca despegarse de las acusaciones sobre lavado, defendiendo la “licitud” del patrimonio del empresario K, que en cinco años creció 1200%. La defensa insiste que no hay “hecho que pueda ser considerado como principio de ejecución del delito de lavado de activos” y considera que la capacidad patrimonial de Báez “invalida cualquier acusación, es arbitrario y antojadizo afirmar que el conjunto total de bienes correspondiente a nuestros defendidos resulte proveniente de algún ilícito”.
Respecto a los sobreprecios denunciados en la obra pública, que superan en muchos casos el 250%, la defensa de Báez indica que nada de esto “está probado”, al igual que las “supuestas facturas apócrifas mediante las que habrían tornado ilícitos esos fondos”. Allí, explica el caso empresa por empresa que se sospecha participó de esta maniobra, planteando como principal defensa los “controles y certificaciones de Vialidad Provincial”. La justicia sospecha, en cambio, que hubo una turbia connivencia.
En un juego de palabras, la defensa del titular de Austral planteó que si los fondos de la empresa aludida provinieron de contrataciones con el Estado “es indiscutible que se trata de dinero “blanco”. Con este argumento, desestiman la existencia del “delito precedente”, punto central de la investigación.
Al “injustificado procesamiento”, la defensa agrega que el juez y el fiscal sólo buscan “someter a Lázaro y Martín Báez al escarnio de un proceso penal”. Apelando al “perjuicio generado a la familia”, la defensa cree el embargo trabado por 100 millones de pesos sobre bienes y vehículos, “permanece huérfano de fundamentación”, y que todo confluye en un “encierro ilegítimo” del socio comercial de los Kirchner. Los abogados también volvieron a rechazar la veracidad de las imágenes de la financiera SGI donde está Martín contando millones de dólares y concluyen que “contar sumas de dinero claramente no es lavar”.