Una jugada audaz, pero a la vez peligrosa
La estrategia defensiva de Lázaro Báez viene acumulando zigzagueos y pasos incomprensibles. Hace dos semanas, tras el rechazo de su pedido para aplazar la declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, el zar de la obra pública K se presentó con un escrito como todo testimonio. ¿Qué decía ese texto? Que los 208 millones de pesos que su empresa Austral Construcciones recibió de parte de la gaseosa sociedad Helvetic Service Group en 2012 fueron parte de un giro concertado con la mira en la presentación de la firma a la licitación por dos represas que se iban a construir sobre el río Santa Cruz. Como socios en esa oferta, Austral tenía a un consorcio chino y a la constructora local Iecsa, de Angelo Calcaterra. El primo del presidente Muricio Macri.
Con poca sutileza, el empresario K buscaba así justificar de un solo golpe el ingreso de ese dinero y convidar una cucharada de estiércol a Calcaterra. O sea, a Macri. Podría no haber sido más que una chicana, pero entró al expediente con una sincronía perfecta como para que la menguada escudería de medios kirchneristas dedicara grandes espacios a presentar a Calcaterra como el gran socio de Báez. Que no lo fue: tras un proceso velado por sospechas y denuncias, Austral y sus compañeros quedaron fuera de la carrera por las represas.
No es todo: tal como publicó Clarín el domingo, el testigo protegido del caso, Leonardo Fariña, despedazó la historia de Báez con datos e indicios firmes de que Helvetic es una “sociedad vehículo” controlada por el propio empresario santacruceño.
Quizás estos desajustes hayan tenido que ver en la discusión que Báez tuvo con sus defensores en esta causa, los doctores Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, el viernes pasado en Ezeiza. El dueño de Austral les habría reprochado que “trabajan más para Cristina que para mí”. Ayer, un cable de la agencia estatal Télam desmentía aquel encuentro y afirmaba que, según voceros del Servicio Penitenciario Federal, “no hubo incidentes” ni “discusión”. Raro, porque excepto que realizaran espionaje ilegal sobre Báez, sus agentes no podrían asistir a las reuniones del reo con sus defensores. Otras “fuentes de la investigación” no identificadas por
Télam aseguraban que los abogados ni siquiera fueron a Ezeiza.
Clarín ratifica lo publicado. Pero sigamos la saga. En una “memoria” que busca argumen- tar la apelación de las medidas de Casanello, los abogados de Lázaro y Martín Báez rechazan
haber lavado dinero, dicen que ambos son empresarios ricos, que pueden justificar el monto de dólares y euros que fue contabilizado en La Rosadita, que el cobro de sobreprecios en la obra pública “es conjetural”, y que tampoco se probó el uso de facturas truchas para fraguar gastos. Por eso exigen que se levante el procesamiento contra ambos, que Lázaro sea liberado, que el embargo de 100 millones de pesos decidido por Casanello se anule, al igual que las inhibiciones y congelamientos sobre empresas y cuentas bancarias. Acá no pasó nada. Atrevido. Pero podría ser suicida. La sala II de la Cámara Federal ya retó a Casanello por “flojo”: le dijo que los cinco millones de dólares de La Rosadita no eran más que una muestra gratis de una maniobra mucho más grande, que debía ser investigada a fondo. Ahora Báez les da otra oportunidad para opinar. Difícilmente lo hagan en su favor.