Mejorar las bases de la ley de acceso a la información
Las organizaciones que trabajamos en temas de lucha contra la corrupción repetimos como un mantra la ausencia de una ley de acceso a la información pública cada vez que hablamos sobre las herramientas que ayudan a controlar a nuestros representantes. Sin ley de acceso a la información no termina de armar el rompecabezas de un sistema democrático controlable por la ciudadanía.
Las comisiones de la Cámara de Diputados dictaminaron sobre este tema hace unas semanas y el proyecto está a punto de tratarse.
El trabajo de las comisiones contempló escuchar a diferentes actores, pero casi todos con un reclamo concreto. La ley de acceso a la información pú
blica debe incorporar la existencia un organismo, o varios, que gocen de la mayor independencia para aplicar este
derecho. Lamentablemente el dictamen de las comisiones no fue en ese sentido y creó diferentes organismos con muy baja institucionalidad e independencia. El proyecto deja librado a cada poder del Estado la selección del encargado de dirigirlos. Sobre el Ejecutivo establece que seleccionará a un Director de la Agencia que garantice la “idoneidad” y lo removerá simplemente por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones. El Poder Legislativo participará en forma no vinculante en esta remoción. El proyecto no garantiza la independencia del funcionario en cuestión, dado que al estar al alcance del Ejecutivo la potestad de removerlo sin mayores impedimentos, este poder tendrá el absoluto control sobre lo que se responde o no ante un pedido de acceso a la información. Sería positivo que tanto en la selección, pero especialmente en la remoción, el Legislativo tenga una opinión vinculante.
En relación a los sujetos obligados el proyecto alcanza diversos organismos, agencias, y privados que reciben fondos públicos, a los cuales se les podrá pedir información sobre esos fondos recibidos. Sin embargo en el artículo referido a que son sujetos obligados a brindar información pública las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, aclara que eso sucede “solo en lo referido a la participación estatal”. Esa frase se presta a libre interpretación generando una confusión que puede terminar desdibujando el límite entre la información pública y la información privada. Se debería especificar que se trata de información sobre la participación del Estado en esa empresa, y no información del privado en particular.
Vemos al acceso a la información como la base de una estructura de control, necesitamos que esa base sea sólida.