A declarar
El juez interrogará a otros 40 ex funcionarios y financistas por obras otorgadas sin licitación y falta de controles.
La causa lleva cinco años, pero ella había logrado evitar lo inevitable: tener que declarar ante un juez por los faltantes en Sueños Compartidos. Pero la caída de López la arrastró: ahora fue citada junto con De Vido, su segundo, Schoklender y otros 30 más.
La conmoción por el episodio que protagonizó José López en el monasterio de General Rodríguez aceleró los tiempos de varias causas judiciales. El juez Marcelo Martinez de Giorgi citó ayer a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, a la titular de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, y a los hermanos Schoklender, entre otras personas, luego de comprobar un desvío de más de $200 millones con los fondos oficiales destinados al programa de viviendas Sueños Compartidos.
No es la única irregularidad. La Justicia también comprobó que no se realizaron licitaciones y que se saltearon los controles estatales. En total, deberán declarar 43 personas. La ronda de indagatorias comenzará el 4 de julio y terminará recién a fines de septiembre.
La resolución tendrá alto impacto político, especialmente en el kirchnerismo, porque involucra a Bonafini, que hasta ahora solo había declarado como testigo. Aunque no aparecieron pruebas concretas para acusarla del desvío, la Justicia quiere saber si hizo algo para frenarlo. Una firma en un convenio marco la involucra de manera directa con la génesis del proyecto. Ese documento también lleva la firma de De Vido.
La investigación acaba de cumplir cinco años. Todo comenzó en mayo de 2011, cuando Clarín reveló una pelea entre los Schoklender en la sede de las Madres. En ese momento se abrieron dos causas judiciales. El juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender (los detuvo dos veces) y a sus allegados: hizo decenas de allanamientos y otras medidas de alto impacto. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y sacarlo de la causa. Desde entonces, todo el expediente se concentra en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra algunos funcionarios. El principal insumo de la Fundación era el dinero para las casas. Desde 2008, cuando se firmaron los primeros convenios, la entidad que preside Bonafini recibió $748.719.414. De ese total, transfirió solo $516,247.173. El resto no aparece por ningún lado. Son $206.438.454.
El desvío se canalizó de diferentes maneras. Más de 100 millones terminaron en distintas empresas agropecuarias. Otros 22 millones fueron a parar a financieras, cooperativas o mutuales. Uno de los citados a indagatoria es José Fernando Caparrós Gómez, dueño de Monetización, la cueva utilizada para cambiar la mayoría de los cheques por efectivo. Con el aporte de la Auditoria General de la Nación (AGN) y otros organismos, la Justicia también detectó una serie de maniobras para desviar el dinero al bolsillo de Sergio y Pablo Schoklender o a empresas allegadas como Meldorek y Antártica Argentina. En total suman $52.149.459.
Luego del desvío, vino el lavado. Hay decenas de pruebas sobre compras injustificadas de departamentos, terrenos, quintas, autos, aviones y otros bienes con dinero que provenía del Estado.
La hipótesis del juez es que los Schoklender utilizaron el prestigio de la Fundación, en connivencia con algunos funcionarios para obtener los fondos públicos.
De Vido y López serán indaga- dos por el delito de administración fraudulenta, pudo saber Clarín. También deberán declarar Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas), el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada; el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich (por su rol de ex gobernador); y el ex gobernador de Misiones Maurice Closs, entre otros.
Durante años, los Schoklender manejaron la “empresa” de construcción más grande del país, casi sin controles. Llegaron a tener mas de treinta obras. Se fue el kirchnerismo. Ahora volverán a dar explicaciones ante la Justicia.