La caja K, también para colonizar el PJ
U n despacho de la gobernación de Buenos Aires reúne a un intendente peronista del GBA con un ministro de Felipe Solá y un secretario. El visitante, integrante del grupo destacado de jefes territoriales –por entonces, calificados más llanamente como caciques–, se queja porque consiguió una obra necesaria para su distrito, pero no pudo opinar nada sobre el plan: ni monto de la inversión, ni empresas, ni proveedores locales. Ni siquiera pudo colar el criterio de privilegiar la contratación de trabajadores de su zona, castigada por la pobreza. Cero: todo es decidido por el gobierno nacional, dueño de la caja.
La imagen, de los primeros tramos del gobierno de Néstor Kirchner, tiene poder de síntesis: un anticipo de lo que sería durante doce años el manejo de la obra pública como arma de imposición política. Un mecanismo para desarticular, primero, el entramado que respondía a Eduardo Duhalde y colonizar, después, el poderoso aparato del PJ bonaerense y a los gobernadores. Fue también la herramienta mantenida con mano dura por Cristina Fernández de Kirchner hasta el final de su gestión. Y tuvo siempre como ejecutor principal a José López.
Todos sabían que era así, todos evitaban hablar públicamente de las sumas que finalmente se llevaban esas obras, lejos de las posibilidades de los intendentes y de las propias gobernaciones, alejadas además de presupuestos razonables. Un juego que pasaba por las manos del secretario de Obras Públicas, con autorización presidencial y refrendación de Julio de Vido. Nada más.
Una fuente con recorrido en el peronismo bonaerense ilustra así el papel del ex funcionario kirchnerista ahora preso: “López controlaba obra por obra. No se le escapaba nada. Anotaba y reportaba directamente a Kirchner”. No era el interlocutor político ni tenía injerencia en decisiones internas y en la imposición de contraprestaciones políticas. Esos temas, empezando por el armado de las listas, se ajustaban en Olivos. Y, como rutina de alineamiento, Kirchner mantenía encuentros con intendentes y gobernadores. En otras palabras, así funcionaba el sistema. Kirchner ejerció un tipo de poder muy vertical, pero para nada orgánico. Tenía trato directo con cada jefe de las principales áreas –en especial, las de enormes presupuestos– y del mismo modo con cada gobernador e intendente, en un esquema disciplinado. Pero no era un mecanismo piramidal: ni los intendentes tenían que reportar a los gobernadores, ni los secretarios de Estado debían explicaciones a los ministros. La obediencia siempre era hacia él, de modo directo. La ex presidenta fue quizás más dura, pero además armó un círculo cerrado y acrítico cuyos integrantes no eran en muchos casos afines a los gustos del peronismo más tradicional.
En el caso del ministerio a cargo de Julio de Vido, se reproducía esa mecánica. El ministro tenía canal directo con Kirchner y, por supuesto, respondía prolijamente a cada indicación. Pero muchas de esos deberes tenían que ver con decisiones de Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y López, que por separado visitaban el despacho presidencial o la residencia de Olivos. El poder de Jaime se eclipsó con la ex presidenta y debió dejar el equipo de funcionarios. López siguió hasta el final.
La anécdota del comienzo de esta nota refiere a la época en que la crisis con el duhaldismo estaba en plena gestación, pocos meses antes de que Cristina Fernández de Kirchner fuera a las elecciones como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, en 2005, enfrentando a Chiche Duhalde. Se consagraba entonces la ruptura con Duhalde, que de la mañana a la noche pasó de ser impulsor de Kirchner y “aliado estratégico”, a padrino mafioso, según la definición de la entonces primera dama. Curiosa aquella andanada contra Duhalde, sobre todo en espejo con la actual imagen de López: el kirchnerismo hablaba de mafia y usó después otras descalificaciones buscando plantarse sobre un discurso de “superioridad ética” que se derrumba de manera indetenible. La receta usada en tiempos de Felipe Solá se prolongó durante las gestiones de Daniel Scioli, que en algunas etapas recibía cierto oxígeno y trataba de mostrar obra propia. Pero Olivos no cedió ni un centímetro en el manejo de los jefes locales del peronismo. Y la mayoría de los gobernadores del PJ también aceptó un mecanismo que no pocas veces llegó a relegarlos en los escenarios de las inauguraciones.
Otra fuente peronista recuerda que el sistema ejecutado por López tenía continuidad simbólica en las presentaciones y publicidades de las obras públicas, algunas o muchas, según el distrito, que no pasaron del anuncio. “Te dejaban afuera de todo.
No te ponían ni en los carteles. Lo único que se veía era la mención a la Presidencia de la Nación. Ellos hacían y cobraban”, ironiza. Muchos seguramente agradecerán ahora aquellas mezquindades: parecen fuera del foco de la Justicia, al menos en estos días de tanto fango.