Al César lo que es del César y a Dios lo suyo
El tema del sostenimiento económico es cuestión que regularmente constituye materia de debate aun en la propia Iglesia
Materia muchas veces controvertida es la referida al vínculo entre la Iglesia Católica y el gobierno federal, ya que las conducciones espiritual y temporal comparten relaciones con las mismas personas, porque el miembro de la Iglesia es, a la vez, ciudadano del Estado. Esa dualidad no es de fácil solución y aunque de tiempos ha intentó apearse a la evangélica expresión de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, las tensiones de cada tiempo evidencian que muchas veces los ministros de la fe incursionan en temas de Estado y los políticos hacen lo propio ingresando a temas religiosos.
La Constitución, al consagrar que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico” tomó distancia, por igual, de la neutralidad estatal frente a la fe que venía auspiciado por el sistema de EE.UU., como también del modelo sacral que predicaba la identificación de pecado y delito.
Los Padres Fundadores de 1853 recogieron la espiritualidad dentro de lo temporal, aunque sin consagrar a la versión católica como la de una religión de Estado. Establecieron la libertad de cultos y dieron status de credo preferido a la Iglesia.
La diferencia no es menor. La Iglesia tiene la ventaja de ser sostenida económicamente, pero el Estado argentino no ha hecho suyos los dogmas y creencias del catolicismo.
Si nuestro país hubiera asumido ese modelo no podría legislar sobre divorcio como lo ha hecho, pues uno de los presupuestos de la religión católica es la indisolubilidad del vínculo matrimonial.
La primacía conferida a la religión católica es fruto de la ponderación que hiciera el constituyente como reflejo de una situación preexistente a la época en que se dictó la ley mayor. Desde los tiempos de la colonia, tuvo mayoritaria acogida en la población. Fue la creencia de nuestros antepasados y la realidad evidencia que continúa siendo la de mayor arraigo y predicamento en la actualidad.
El sostenimiento del culto se materializa en el presupuesto de la Nación, que prevé una partida destinada a la Iglesia. Sumas con la que se pagan los emolumentos de obispos y arzobispos (un 80% de lo que percibe un juez de 1° instancia); la asignación por número de seminaristas (equivalente al salario de un agente de la categoría 10° de la administración pública); la jubilación de sacerdotes que no tienen otro medio de vida (haber mínimo de las prestaciones previsionales); retribución para curas párrocos de zonas de frontera), todo sin perjuicio de los subsidios con que cada provincia costea colegios de esa orientación.
Sin embargo, el tema del sostenimiento económico es cuestión que regularmente constituye materia de debate aun dentro de la propia Iglesia, donde hay sectores que abogan por la necesidad de librarse de la percepción de tales montos, al tiempo que también otros exponentes civiles proclaman la inconveniencia de mantener ese status.