Despertador para jueces que dormían
José López, el hombre de Néstor y Cristina que cayó con casi 9 millones de dólares en efectivo, fue denunciado por enriquecimiento ilícito en 2008. El juez de esa causa es Daniel Rafecas. Con celeridad, este magistrado ordenó la detención de López y lo citó a declaración indagatoria horas después de que el ex funcionario fuera sorprendido tratando de esconder parte de su tesoro en un convento de monjas de clausura. Pero conviene vacunarse contra eventuales sobreactuaciones. La presteza actual del juez contrasta con su actuación anterior en el caso.
Desde 2008 a la fecha Rafecas nunca había citado a López. El 17 de octubre de ese año pidió a la Oficina Anticorrupción copias certificadas de las declaraciones juradas de López entre 2003 –cuando llegó al gobierno con Kirchner– y 2007. Cuatro días después, el organismo que entonces dirigía el fallecido Abel Fleitas le envió esa documentación y le hizo saber que estaban a su disposición los anexos reservados de esas declaraciones. El 7 de noviembre el juez pidió copia de esos documentos y se los remitieron el día 11. Se trata de los elementos básicos para avanzar en cualquier investigación sobre enriquecimiento ilícito. Pero allí empezó un largo sueño judicial.
Un año y medio después, el 5 de abril de 2010, Rafecas volvió a dirigirse a la Oficina Anticorrupción, ya dirigida por Julio Vitobello, para pedir la declaración jurada de López y el anexo reservado correspondientes al año 2008. La OA se los mandó al día siguiente. El sueño siguió, interminable.
Pasaron seis años, dos meses y doce días hasta que el miércoles, 24 horas después de la cinematográfica caída de López, el juez Rafecas envió un nuevo pedido a la Oficina Anticorrupción solicitando las declaraciones y anexos de 2009 hasta la fecha. El trámite fue cumplido por la gestión macrista de la OA a cargo de Laura Alonso, con la misma presteza
con que lo habían hecho en 2008 y 2010 los funcionarios del kirchnerismo.
Está claro que ahora la causa se movió porque López cayó como cayó. Semejante espectáculo despertó a todos los que dormían en los tribunales.
Rafecas es el mismo juez que inmovilizó el caso Hotesur, que investiga negocios hoteleros de la familia Kirchner. La entonces Presidenta le había hecho quitar la causa al juez Claudio Bonadio, que insistía en hurgar contabilidades inexplicables y avanzaba sobre un caso consistente de lavado de dinero.
La denuncia original contra López por enriquecimiento ilícito alcanzó también a su esposa y a su suegra. Las desgracias se abatieron súbitamente sobre la familia después de que los bolsos y valijas con dólares quedaron expuestos tras la detención del amo y señor de la obra pública –en especial de su pronto pago y más pronto retorno– durante los doce años de kirchnerismo.
Tan veloz como en los recientes casos de la fiesta trágica en Costa Salguero o los Panamá Papers, el fiscal Federico Delgado pidió la unificación de esa causa contra López con la que se le sigue por asociación ilícita, según denuncia original de Elisa Carrió también en 2008.
Quienes llevan muchos años recorriendo los pasillos de Comodoro Py comentaban ayer, con cierta sorna, que a Delgado también le alcanzan las generales de la ley: es el fiscal del caso de enriquecimiento ilícito de López desde su origen, hace ya ocho años. Y el pescado sin vender. Ahora hay que llevarlo al mercado, antes de que se pudra.
El expediente de asociación ilícita que el fiscal Delgado pide unificar con la causa de Rafecas está hoy en manos del juez Julián Ercolini, quien además investiga a López por una denuncia de escandalosas irregularidades presentada por el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se trata de obras entregadas en su momento al siempre listo Lázaro Báez.
Ercolini, a su vez, había recibido lo sustancial del caso Hotesur el 28 de abril pasado, cuando la Cámara Federal resolvió quitárselo a Rafecas. Esa resolución de los camaristas fue una de las señales más fuertes de la declinación del control kirchnerista sobre los tribunales. Ahora Ercolini investiga Hotesur junto a otra causa anterior, por inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina, iniciada por denuncia de Margarita Stolbizer.
En Comodoro Py, pero también en el Palacio de Tribunales donde funciona la Corte Suprema y en despachos oficiales, Ercolini es considerado un juez “serio y prudente”, que avanza con extremo cuidado y a ritmo pausado, pero que cuando lo hace, lo hace a paso firme. Desde siempre, y más después de los doce años de kirchnerismo, en el mundo judicial no debe haber nadie con
foja de servicios inmaculada; pero las diputadas denunciantes dicen confiar hoy en la actuación de este juez.
Otro magistrado federal que entró en zona de agitación súbita es Marcelo Martínez de Giorgi. A él le quedó el manejo de causas del juzgado que hasta su rápida y reciente desaparición de escena manejó con elegancia y sin ningún pudor Norberto Oyarbide. Más de uno de esos expedientes tiene que ver con las trapacerías multimillonarias de José López, primer actor del elenco que dirigía Julio De Vido y cuyos empresarios artísticos y verdaderos patrones fueron Néstor y Cristina.
Martínez de Giorgi se hizo cargo de un expediente sonoro que Oyarbide había hundido con gran habilidad en el olvido: el caso de estafa y fraude al Estado en el programa de viviendas Sueños Compartidos, tropelías cometidas bajo la cobertura pretendidamente invulnerable de Hebe de
Bonafini y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibieron chorros de dinero público con el kirchnerismo.
En una resolución espectacular, apenas 24 horas después de la caída de López, el juez Martínez de Giorgi lo citó a indagatoria a él, a la hasta ahora intocable señora de Bonafini, a Sergio y Pablo Schoklender, a De Vido, al ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y a varias decenas más de antiguos funcionarios kirchneristas, y también a ex intendentes y gobernadores de otros palos políticos. El juez no se privó de nada: metió en la bolsa de las citaciones, se diría que de modo indiscriminado, a todos quienes tuvieron alguna relación con Sueños Compartidos.
Sería fácil señalar a Martínez de Giorgi como alguien que actúa sin que le tiemble el pulso. De hecho, es un hombre respetado en el Poder Judicial por su equilibrio y autonomía. Pero veteranos de los tribunales, empeñados en hacerle lugar a la memoria, recuerdan que es el mismo juez que el 17 de marzo pasado sobreseyó al camarista federal Eduardo Freiler, denunciado por enriquecimiento ilícito por la compra de una mansión de 1.234 metros cuadrados en dos plantas, situada justo enfrente de la Quinta presidencial de Olivos.
Freiler es el padrino judicial de Sebastián Casanello, el juez que con enorme demora puso en movimiento la investigación sobre Lázaro Báez, testaferro y socio de los Kirchner. Lo había hecho, se recordará, después de que en marzo se difundió el video con el hijo y el contador de Báez disfrutando el conteo de millones de dólares y euros en la financiera La Rosadita. Aquel video puso a Casanello en movimiento con tres años
de demora respecto de las denuncias originales, del mismo modo que esta semana la caída de López despertó de la hibernación a otros de sus colegas federales.
Casanello acaba de quedar en la posición más indecorosa que pueda imaginarse: Lázaro Báez presentó ante la Cámara Federal una carta en la que afirma que el año pasado, cuando se reunió en la Quinta de Olivos con la entonces presidenta Cristina, vio en el lugar al mismísimo juez Casanello.
La existencia de ese encuentro había sido desmentida de modo tajante semanas atrás por Cristina y por Casanello. El domingo 5 de este mes, en este espacio de Clarín se habían informado detalles que confirmaban el nexo entre la Presidenta y el juez. Ahora sí que Casanello está en el horno. También él se despertó y empezó a correr. Ayer mandó a juicio oral a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, acercando a la condena a otro de los grandes recaudadores del sistema kirchnerista de saqueo del Estado.
Pero al juez quizás no alcancen a salvarlo ni siquiera las bendiciones que le ofreció el
papa Francisco, quien lo recibió en privado durante casi una hora, el pasado jueves 2 de junio. Por ese entonces la hipótesis de un encuentro indecoroso con Cristina ya circulaba con firmeza. De todos modos, la foto con Francisco parece haberle dado a Casanello unos días de respiro antes de entrar en zona de fuerte turbulencia.
Según fuentes judiciales, la sala de la Cámara Federal que integran los confiables jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani, junto a Eduardo Farah, se aprestaría a ratificar a Casanello al frente de la causa de Lázaro Báez, pero le marcaría con mucha claridad un camino a seguir.
Así como ya una vez le ordenó buscar el dinero del empresario K y así fueron allanadas estancias, casas y terrenos en Santa Cruz por parte del fiscal Guillermo Marijuan, ahora los camaristas le dirían al juez que busque hacia arriba, para determinar de dónde provenía la descomunal fortuna que Báez acumuló gracias a su pertenencia al modelo, el proyecto y el relato. Más todavía, la Cámara le ordenaría a Casanello una cantidad de medidas puntuales a tomar en la investigación. De algún modo los camaristas tomarían transitoriamente el control del caso y Casanello no podría hacer otra cosa que cumplir esas indicaciones. Si el juez enfila hacia arriba de Báez,
enseguida encontrará a De Vido. Para el ex ministro se suman los sinsabores: ayer la Oficina Anticorrupción pidió que le embarguen su bonita chacra en Zárate, junto a la totalidad de los bienes que tenga allí. El pedido fue hecho al juez Bonadio en el marco de la causa por la tragedia de Once, donde De Vido está procesado y embargado en 600 millones de pesos.
Si Casanello, en el caso Báez, sigue más arriba de De Vido, su próxima estación sería inevitablemente Cristina. Si todo ocurre así, Ella también va a estar en el horno.