Club de París: ¿qué hacer ya con un acuerdo pésimo?
Prat-Gay busca obtener ahora algunos beneficios que compensen las gravosas condiciones que consintió Axel Kicillof. Ese acuerdo aún se mantiene en secreto.
El Club de París no mejoró la calificación financiera de la Argentina, a pesar de que el gobierno de Cristina Kirchner decidió saldar la deuda en pocas cuotas, casi al contado. Axel Kicillof mantuvo una negociación vergonzosa en la que aceptó aumentar las obligaciones en un adicional de 3.600 millones de dólares hasta totalizar los 9.600 millones. Y el Estado no obtuvo nada a cambio.
Así, el país está ahora en el peor de los mundos: quedó obligado a cancelar sumas infladas y no ha logrado ningún beneficio que se traduzca en inversiones concretadas.
Las cláusulas leoninas que aceptó Kicillof hace dos años se mantienen en secreto y afectan la posibilidad de obtener crédito barato para aumentar la producción. Lo inadmisible es que también el gobierno de Macri mantiene el contrato en secreto. Por la Constitución, su contenido debería ser público e informado al Congreso Nacional.
Ahora Alfonso Prat-Gay inició negociaciones reservadas con Odile Renaud-Basso, la jefa del Club de París e influyente titular del Tesoro de Francia.
El hermetismo que existe desde que Kicillof firmó el convenio se debe a que el gobierno de Cristina validó requisitos lesivos a la soberanía nacional para solucionar un problema que pasa el tiempo y no reporta beneficios.
Fuentes del Club de París consultadas por Clarín confirmaron lo siguiente: “El acuerdo se mantiene en secreto, por pedido expreso del Estado argentino en época de Kicillof”.
Prat-Gay hasta ahora tampoco transparentó el convenio. Los voceros del Palacio de Hacienda se justifican: “No se difunde porque hay anomalías en el expediente.”
La pasividad obedecería a un intento de minimizar las consecuencias de difundir semejante arreglo. Fundamentalmente porque el ministro de Hacienda y Finanzas pretende abrir una negociación con el Club de París para revisar el acuerdo.
Ya el gobierno de Cambiemos actuó sin transparencia y en forma similar con otro contrato dudoso: pese a un contundente fallo de la Corte Suprema, YPF sigue sin dar a conocer el contrato con Chevron. El convenio petrolero incluye serias anomalías y hasta una inadmisible forma para canalizar el giro de fondos desde EE.UU.: utilizó cuen-
tas personales offshore de los directores de YPF, un mecanismo que vulnera la transparencia fiscal, afecta las regulaciones sobre lavado de dinero y abre una puerta a la corrupción.
El funcionario más comprometido es el actual director financiero: Daniel González, quien armó su ingeniería financiera. González fue candidato a dirigir YPF y tiene sólidos vínculos con el macrismo vía el influyente Mario Quintana. La nueva conducción de YPF enfrenta grandes desafíos: en el primer semestre la compañía dio pérdida y tiene una deuda que equivale a su valor de mercado. Aún no armó un plan sólido para aumentar la producción.
La resistencia en transparentar los contratos gravosos es uno de los serios errores políticos iniciales de la gestión de Macri: no hablar claro de la dramática herencia que dejó Cristina.
Clarín pudo confirmar que el viceministro Pedro Lacoste inició conversaciones ya oficiales con el Club de París.
La intención del equipo económico sería poder obtener algún beneficio financiero del acuerdo con la organización.
Hubo un intercambio de correspondencia y conversaciones preliminares. La Argentina planteó tres cuestiones:
– Desestimó reabrir el acuerdo y solicitar una quita de la inflada deuda que avaló Kicillof.
– Pero exige que el Club mejore en forma inmediata la calificación argentina, que continúa en el peor nivel, como cuando la deuda estaba en default.
– También, que el Club de París motorice líneas de financiamiento baratas para grandes obras de infraestructura.
Estas cuestiones aún no han sido respondidas. Prat-Gay quiere acelerar la definición una vez que supere la auditoría del Fondo Monetario Internacional. El FMI viene este mes, después de diez años de ausencia. Macri espera un certificado de buena conducta, pero el examen tendrá cortocircuitos: todavía persisten desequilibrios macroeconómicos y la Casa Rosada no termina de elaborar un programa integral para atacarlos.
En el movimiento empresario se insiste en la cuestión y también se observa la pobre gestión de la Casa Rosada.
Existen muchas críticas hacia la Cancillería de Susana Malcorra y el Ministerio de Producción de Francisco Cabrera, por la ausencia de estrategias y de acciones para mejorar la competitividad del comercio exterior.
Ayer se reflejaron en la reunión tripartita que organizó la Comisión de Industria del Congreso. Ignacio de Mendiguren convocó a la UOM, la CGT y Adimra para hablar del avance de las importaciones. Hubo varios diputados de Cambiemos que participaron de este embrión de acuerdo social.
En el encuentro –incluso– existieron críticas a actuales licitaciones de Enarsa que benefician a firmas extranjeras y perjudican a nacionales. Fue muy cuestionada la adjudicación por 50 millones de dólares a un coloso mundial para el remolque de barcos que traen GNL. El paso fue denunciado en la Justicia.
Muchos se refugian en el Congreso. El proyecto de la CAME por la comisión de las tarjetas tuvo un aval inusual: 58 senadores a favor y ninguno en contra. En otras palabras: una derrota fuerte de los poderosos banqueros.
Se trata de movimientos que reflejan las fricciones de una economía que no arranca. Una situación que llevó a miembros del círculo íntimo de Macri a sugerirle al Presidente una futura acción política: reestructurar el Gabinete, introducir cambios y relanzar el gobierno.
El Gobierno exige que el Club de París mejore de inmediato la calificación argentina, que continúa como en el default.