Internet está entrando en la tormenta perfecta
El debate en torno a la posibilidad de eliminar contenidos en Internet ha retornado. El proyecto de ley presentado hace unos días en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no es el primero que pretende lograr algún tipo de restricción respecto de determinados links, aplicativos o expresiones que en ámbitos digitales se pudieran dar.
Hace unos años nuestro Máximo Tribunal deslindó la responsabilidad de los buscadores por los resultados indexados por ellos. Sobre el tema, distintos proyectos de ley fueron presentados en el Congreso Nacional, ninguno prosperó. Se sabe de la existencia de contenidos ofensivos, discriminatorios, que incitan a la violencia física, de género o al odio religioso.
El tema no ha podido ser resuelto. La inmediatez y difusión de estas publicaciones, la falta de procedimientos judiciales inmediatos, la pasividad e ino- perancia de las empresas involucradas y el anonimato que las redes sociales facilitan hacen que el problema continúe y con daños graves para las víctimas.
Conocido como el derecho al olvido, en Europa se obligó a los buscadores a retirar los resultados identificados por el titular afectado en sus derechos; la eliminación no era de Internet sino sólo de los resultados de ese contenido específico.
Tres ejemplos de actualidad. Un padre solicita el retiro de las fotos de su hija de 15 años que un anónimo utiliza para seducir a menores de edad en una red social. Se pide la identificación de la cuenta, se deriva el litigio a Irlanda. Una mujer difunde fotografías íntimas de su ex marido como venganza, que se difunden sin control. Por último, legisladores pretenden hacer responsables a los medios de comunicación por los comentarios de los lectores.
Ante estos casos reales las respuestas varían desde la normativa, los procedimientos judiciales o las empresas involucradas. Incluso nosotros somos responsables de lo que subimos, ingresamos o distribuimos sin control. Internet descontrolada, gobiernos que pretenden regular la virtualidad, contenidos ilegales, empresas del sector apáticas, redes sociales sosegadas. Usuarios y medios de prensa afectados. Derechos vulnerados para unos u otros. La tormenta perfecta está en el horizonte cercano.
El proyecto de ley presentado en la Legislatura no es el primero que pretende alguna restricción