El Congreso y la reforma electoral
Los legisladores enfrentan el desafío del debate que nos conduzca a una reforma políticamente viable y técnicamente factible
Es habitual que las constituciones democráticas requieran una mayoría legislativa calificada para sancionar una reforma electoral. Como se trata de cambiar las reglas de la compe
tencia política, es crucial que no se puedan modificar sin el acuerdo de una mayoría sustancial de los competidores. En nuestro país se necesita la mitad más uno de los miembros de cada una de las Cámaras. En un Congreso donde el partido de gobierno tiene un contingente minoritario, esta exigencia está provocando un proceso de negocia
ción en el que los legisladores intervienen en el diseño de la reforma electoral y pueden mejorar la propuesta del Ejecutivo.
En esta discusión, el oficialismo consiguió el apoyo político para tratar su propuesta en el recinto, posiblemente esta semana. Para lograrlo tuvo que hacer concesiones que mejoran su propuesta, como la realización de auditorías sobre las máquinas durante el acto electoral y la paridad de género para la conformación de las listas de diputados nacionales. Del otro lado de la balanza, en este intercambio se perdieron las previsiones para introducir el voto electrónico gradualmente. De acuerdo al dictamen de mayoría, los 30 millones de argentinos que estamos habilitados para votar deberemos hacerlo con voto electrónico en 2017 y no hay plan B. Este esquema no se condice con los escasos meses que quedan antes del inicio del cronograma electoral, la capacidad instalada de las autoridades encargadas y los partidos, y es contrario a las buenas prácticas identificadas en el nivel nacional e internacional. La experiencia comparada aconseja desarrollo de competencias técnicas para la administración y el control, un proceso de contratación transparente y competitivo, pruebas y ajustes, y mucha capacitación y gradualidad.
La actual redacción tampoco define criterios de acción en caso de que el ambicioso plan de usar el voto electrónico para el 100% del padrón resulte impracticable o riesgoso. Si ese fuera el caso, los funcionarios responsables de llevar a cabo el cambio no tendrán ningún parámetro para decidir si en 2017 votaremos con boletas partidarias o si el voto electrónico se implementa parcialmente, ni dónde o cómo. Tampoco se prevé qué debería ocurrir si la justicia electoral determinara que el sistema provisto por el Ejecutivo no cumple con los estándares técnicos que eventualmente se definan. Las experiencias de otros países nos muestran que, cuando se trata de la tecnología de votación, un paso en falso puede posponer el cambio por mucho tiempo. Por eso, definir cómo se va a llevar a cabo la reforma, cuándo y dónde será determinante tanto para la calidad de las próximas elecciones como para llevar el cambio a buen puerto. Los legisladores enfrentan el desafío de dar el debate que nos conduzca a una reforma electoral políticamente viable y técnicamente factible. El Congreso puede hacer una gran diferencia.