Medición de la pobreza: el fin del oscurantismo K
Urge que el Gobierno movilice los recursos del Estado para proteger a los sectores más vulnerables y reducir la pobreza.
El INDEC dio a conocer la semana pasada índices de pobreza que arrojan un resultado alarmante. Un 32,2% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza y, dentro de ese universo de pobres, 6,3% son indigentes; o sea sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias.
Esta realidad se agrava cuando observamos que la pobreza infantil afecta al 47,4% de nuestros niños. Estos números, ocultados o tergiversados por el gobierno kirchnerista, son una radiografía de la crisis social en la que se encuentra nuestro país.
Después de años de crecimiento económico a “tasas chinas” y de jactancia del gobierno K, cuyo Jefe de Gabinete sostenía que Argentina tenía menos pobres que Alemania, emerge con toda contundencia una realidad que no figuraba en el relato: uno de cada tres argentinos es pobre y uno de cada dos niños también lo es.
La aplicación del modelo de “diversificación productiva con inclusión social” concluyó con trece millones de pobres, de los cuales cuatro millones y medio son menores de catorce años y casi dos millones y medio, indigentes. Los ganadores de la “década ganada” fueron un puñado de empresarios amigos del poder, un grupo de funcionarios corruptos y las máximas autoridades del país, mientras el resto de los argentinos seguíamos viviendo en una sociedad desigual, en la cual la violencia, la injusticia y la corrupción eran moneda corriente.
Ahora bien, el sinceramiento estadístico es bienvenido, pero debe ir acompañado de una batería de medidas económicas, sociales, educativas y sanitarias tendientes a paliar la situación de quienes viven en la pobreza. Y esa responsabilidad recae en el actual gobierno. No basta con mostrar la realidad, se debe gobernar para modificarla. Es aquí donde surgen grandes interrogantes en relación a las acciones emprendidas para avanzar en el proclamado objetivo de “pobreza cero”.
La extensión de la Asignación Universal por Hijo, la implementación de la tarifa social o la continuidad del plan Argentina Trabaja, por citar alguna de las medidas tomadas, lucen insuficientes para revertir la situación y reducir la pobreza.
Por el contrario, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, durante el primer trimestre de este año, la pobreza se incrementó entre 3 y 4%, lo cual indicaría que el rumbo seguido para ordenar la macroeconomía impacta fuertemente en los segmentos de menores recursos, registrándose un fenómeno de movilidad social inversa, por caída de ingresos en el sector de trabajadores informales.
Para evitar que los costos del reordenamiento macroeconómico lo paguen los más débiles y aumente la desigualdad, urge que el Gobierno movilice los recursos del Estado para proteger a los sectores vulnerables y desarrolle una estrategia económica que no se base, únicamente, en atraer inversiones, sino que ponga particular énfasis en la distribución progresiva del ingreso.