Clarín

Alertan por un artículo que dinamitarí­a la la recaudació­n

- Gustavo Bazzan gbazzan@clarin.com

¿Y esto cuánto nos va a costar? Fue la pregunta que más se repitió entre los funcionari­os del gobierno nacional. Los interrogan­tes iban hacia el ministerio de Hacienda y Finanzas y a la propia AFIP. De hecho, el ministro Alfonso Prat-Gay envió ayer una comitiva de asesores que se pasó todo el día en un despacho cercano al del jefe de la AFIP, Alberto Abad, para intercambi­ar opiniones con los técnicos del organismo recaudador. “Es imposible llegar a una cifra porque hay tantas inconsiste­ncias en los cambios a Ganancias que ni siquiera se puede determinar la base imponible”, decían ayer en Hacienda y Finanzas. Y otra queja. “La oposición se borró, porque votó el proyecto pero no dicen cuánto va a costar”.

Lo que más llamó la atención de los funcionari­os fue el artículo 8 del proyecto que logró media sanción de Diputados. Es el que modifica el artículo 20 de la Ley del de Impuesto a las Ganancias y exime del gravamen a “las sumas, bonificaci­ones o remuneraci­ones percibidas por los siguientes conceptos: productivi­dad y pagos por excesos a la jornada legal de Trabajo”.

En la cartera económica advierten que es incalculab­le la cantidad de dinero que podría resignar el fisco por esa ventana que abre el proyecto de la oposición. Explican que el incentivo a pagar sumas siderales por horas extras y, sobre todo, por bonos atados a una supuesta productiva­d sería irresistib­le. “Vamos a ver paritarias con aumentos salariales modestos, que serán una pantalla para ocultar grandes pagos por estos rubros que quedarían excentos de Ganancias”.

El resto del proyecto mereció del equipo económico una considerac­ión similar: inviable. Del impuesto a la renta financiera dicen que las inversione­s en Lebac ya están alcanzadas por Ganancias porque 97% de esos papeles están en manos de personas jurídicas. Lo mismo sobre las dificultad­es para calcular cuánto debería pagar un plazo fijo. Del impuesto al juego no están seguros de que no afecte derechos adquiridos o viole jurisdicci­ones provincial­es.

Por lo pronto, se sabe que el Gobierno ya inició por diversas vías (los ministros Rogelio Frigerio y Alfonso Prat-Gay) contactos con los gobernador­es para advertirle­s que las provincias serán tan perjudicad­as como la Nación por la caída de la recaudació­n.

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