Tarifas: una de las peores y más largas crisis que enfrentó el Gobierno
Un traspié que casi le cuesta el puesto a Aranguren. El ministro tuvo que dar marcha atrás en las subas de gas y la Corte los obligó a hacer audiencias públicas. Sin embargo, el sector aún recibe fuertes subsidios.
La distancia entre las promesas de campaña y la realidad de gobernar quedó plasmada en el manejo de las tarifas de luz y gas durante el último
año, una de las peores (si no la peor) crisis que enfrentó el macrismo en
su primera año de gestión. El abordaje inicial del presidente Mauricio Macri fue que las facturas de los servicios públicos tuvieran precios más parecidos a sus costos. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, estuvo encargado de llevar adelante esa misión. Se buscó la reducción del déficit fiscal, y un esquema en que los hogares -en especial, los de alto poder adquisitivo- pagarán boletas acordes a sus ingresos y no los $ 30 bimestrales (como pasaba con la luz) que fueron una constante de la administración anterior.
Los subsidios del Estado nacional para que las tarifas se mantuvieran artificialmente bajas fueron de US$ 17.400 millones en 2015. El Gobierno consideró que ese dinero (más de $ 135.000 millones al tipo de cambio del año pasado) alimentaba el déficit fiscal y provocaba inflación. Para empezar a solucionarlo, decidió incrementos en la luz y el gas. Sin embargo, corrió con distinta suerte en la reacción frente a esas subas.
El ministerio de Energía anunció un aumento de “emergencia” en las facturas de luz a fines de enero y, a partir de ahí, comenzó una saga que duró al menos siete meses. Como la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano estaban muy retrasados -en el interior se pagaba entre 5 y 7 veces más que en la Capital-, el incremento
fue del 380%. La suba enfrentó varios amparos judiciales, pero fue validada por la Corte Suprema. Aunque persisten distritos -como La Matanzaque siguen con las tarifas “viejas”, el Poder Ejecutivo pudo bajar subsidios en casi US$ 2.000 millones. El Estado desembolsó US$ 11.100 millones en subvenciones para la electricidad en 2015, mientras que este año destinará US$ 9.182 millones para ese fin.
El “sinceramiento” en las facturas de gas se informó en abril, junto con la suba en los boletos de colectivos, trenes y el agua. Fue la medida más problemática que adoptó el Gobierno, y la continuidad de Aranguren estuvo varias veces cuestionada. Cuando se hizo ese anuncio -el del gas-, el ministro quiso explicarlo, pero desde la Jefatura de Gabinete le sugirieron que cumpliera con un compromiso internacional y se fuera de via- je. Sin embargo, a medida que políticos propios y ajenos lo criticaban, Macri lo sostuvo y lo defendió públicamente en varias ocasiones.
Se suponía que la suba “promedio” del gas iba a ser del 285%. Sin embargo, como el consumo de gas de esos meses fue muy superior al de 2015, los aumentos que llegaron a los hogares resultaron mucho mayores. Para remediarlo, el Poder Ejecutivo dio
marcha atrás y anunció un “tope” del 400%. Tampoco funcionó. La Corte Suprema rechazó la decisión oficial y exigió al ministerio de Energía (y al ente regulador Enargas) la realización de una audiencia pública sobre el precio mayorista del gas.
Tras esa instancia, en octubre (seis meses después de anunciado), el Gobierno pudo avanzar con su plan. Aplicó un incremento del 200% en hogares (260% en la Patagonia) y 277% en comercios. Sin embargo, como la Justicia obligó a las distribuidoras a devolver lo que facturaron en los meses de frío (8 de cada 10 hogares pagaron el aumento), los clientes terminaron recibiendo notas de crédito en estos meses.
El subsidio nacional del gas bajó de US$ 6.300 millones en 2015 a US$ 3.100 millones en 2016. Pero fue más por la caída en el precio internacio- nal de los combustibles que por reducción genuina del gasto público.
Para el año que viene, las distribuidoras de luz ya pidieron aumentos en la audiencia pública, que se hizo en octubre. Será en el marco de la primera revisión integral de tarifas (RTI) desde las privatizaciones y abarcará el lustro 2017-2022. Edenor reclamó subas de entre 51% (residenciales) y 75% (comerciales) para el año que viene, mientras que Edesur solicitó entre 38% y 48%. La palabra final la tiene el Gobierno, que anunciará los nuevos precios entre fines de enero y comienzos de febrero.
El objetivo del Gobierno es bajar los subsidios eléctricos en otros US$ 1.500 millones. La meta es un desembolso anual de US$ 7.656 millones para 2017. Aún así, más del 60% del costo de las facturas de luz lo paga el Estado nacional.
En gas, las distribuidoras del interior ya hicieron sus solicitudes para los próximos aumentos. Van del 24% en Bahía Blanca hasta el 72% en Puerto Madryn. En Buenos Aires, se encuentran entre 27% y 70%.
La previsión del Ejecutivo es bajar en US$ 700 millones el subsidio en gas en 2017, dejándolo en US$ 2.400 millones. Entre luz y gas, serían US$ 10.056 millones totales.