Manteros, puesteros y vendedores
Manteros, puesteros y vendedores ambulantes de “saladitas” como la instalada en el barrio de Once constituyen el último eslabón, el peldaño más bajo de una vasta organización de contornos análogos a otras en torno de la administración de la pobreza. Cualquier abordaje sobre su funcionamiento no debería omitir los fenómenos socioculturales de fondo como la inmigración ilegal y los lucros de la economía informal en la que se inscribe.
Como en las tres grandes ferias de La Salada y sus sucursales en calles y plazas de todo el país, los vendedores suelen describir una cierta división del trabajo. Los bolivianos se especializan en la las confecciones textiles; los peruanos, en comidas; y los africanos –en su mayoría refugiados de Senegal, aunque también cameruneses, libios y nigerianos- a la marroquinería, la óptica y la relojería. Muchos de ellos, particularmente los bolivianos y los africanos, se ajustan a lo que genéricamente suele denominarse la neo-esclavitud procedente de la trata. Es un fenómeno difícil de comprender si no se lo inscribe en su propio contexto cultural. Por caso, sus víctimas suelen concebirla como una legítima estrategia de subsistencia en cumplimiento de obligaciones consuetudinarias, familiares o comunitarias. Por encima de ellos, se erige un majestuoso aparato de explotación cuyos protagonistas se implantan en múltiples actividades de la economía de la pobreza: provisión y acopio mayorista, transporte, vigilancia, cobranzas y ejecuciones configuran redes en cuyo vértice se ubican contrabandistas, piratas del asfalto, talleristas textiles clandestinos y otras modalidades delictivas. Se organizan en fantasmagóricas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada supuestamente dedicadas a la construcción o el comercio, con domicilios fiscales remotos a nombre de sus propios trabajadores ambulantes y puesteros desposeídos.
Su cara visible son sus “porongas” encargados del dominio autoritario de la fuerza laboral y del aceitado funcionamiento de toda la maquinaria. Son quienes alquilan galpones, garajes y departamentos en donde se acopia la mercadería transportada desde talleres y depósitos situados en barrios cercanos a través de colectivos, utilitarios y remises. También efectúan el alquiler o compra de departamentos, hoteles, y pensiones para alojar a los manteros e instalar talleres; la eventual toma de viviendas abandonadas mediante oficiosos “okupas”; y el pago de comisiones a sus protectores policiales que les garantizan la “zona liberada”.
Una pieza central del armado son los “cobradores”, encargados por los anteriores de la percepción de los montos estipulados. A ellos se subordinan los “regenteadores” que al frente de puestos que ofrecen productos a precios muy elevados no venden controlando desde lugares estratégicos sus respectivos territorios de incumbencia. Requieren del apoyo de grupos de choque que no son sino aquellos en los que suelen reclutarse: barras bravas o bandas familiares o vecinales procedentes de las villas del sur de la CABA o del GBA. En situaciones de emergencia se movilizan todos, hombres y mujeres, asumiendo la prepotente representación de los vendedores y actuando con habilidad el papel de víctimas. Son los que suelen oficiar como voceros ante las cámaras de televisión.
Los vendedores verdaderos son, en cambio, poco perceptibles en las protestas; exigidos, bajo amenaza de expulsión, de mantener un perfil muy bajo. Están inscriptos en cooperativas y agrupaciones de inmigrantes que controlan extensiones bien delimitadas. Sus referentes son capos de sus respectivas colectividades, propietarios de talleres o grandes mayoristas, que les cobran un tributo para costear el servicio de abogados ante eventuales demandas judiciales. Pero la autonomía de estos líderes se halla acotada por los “gerentesporonga” argentinos, cuyos cobradores recaudan pagos no voluntarios en concepto de la utilización del espacio público y seguridad.
Manteros y vendedores ambulantes solo se quedan con una porción pequeña y fija de sus ganancias supervisadas por los emisarios de los regenteadores. Es en esa exigüidad y en la restricción de sus derechos en la que estriban la esclavitud y la servidumbre. Sin embargo, ese estamento tampoco es homogéneo. Una minoría de puesteros cuentapropistas no son sino propietarios de locales de la zona pertenecientes al mismo sector que reclama el desalojo de la “saladita” por delitos reducen, además, sus ganancias formales hasta en un 50 %.
La mafia de los manteros mueve aproximadamente 60 millones de pesos por mes solo en la “saladita” de Once. Según la CAME, las 552 distribuidas en más de cien ciudades del país suman unos 1800 millones, y solo en la CABA, 250. En esta suculenta caja, mojan su pan no solo estos empresarios reclutados en la pobreza sino también agentes públicos como policías y funcionarios. Empezar a desmontar este negocio requiere de autoridad y de una muñeca negociadora para que no paguen justos por pecadores. Ojala que al frente de los futuros centros de comercialización sean nombrados funcionarios idóneos y honestos, en contacto directo con los legítimos representantes de los puesteros y no con los “administradores” venales de rigor.