Un Poder Judicial porteño para resolver conflictos cotidianos
Beneficios. Desde un robo a un accidente de tránsito deben ser abordados por jueces locales con mayor celeridad.
Si bien se trata de una deuda de la autonomía de la Ciudad, en estos últimos meses desde el Consejo de la Magistratura, hemos trabajado intensamente con los otros poderes del Estado porteño, a fin de lograr el traspaso de la justicia ordinaria al ámbito local.
Resulta necesario entonces explicar qué significa y qué beneficios otorga el traspaso para los vecinos.
Cuando hablamos del traspaso o transferencia de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos referimos a que los conflictos cotidianos que se susciten en la Ciu- dad, pasen a ser resueltos por su propio Poder Judicial, por sus jueces, defensores, fiscales y asesores tutelares.
Un robo, un despido controvertido, un divorcio o la determinación del daño en un accidente de tránsito ocurridos en cualquier barrio porteño -sólo por nombrar algunos simples ejemplos- recaen actualmente en jueces nacionales muy aptos en términos de conocimiento jurídico pero que no están inmersos en la realidad cotidiana de la Ciudad.
Y al margen de los beneficios, también es necesario remarcar a quiénes se perjudica sin la concreción del traspaso. Y son justamente los habitantes de la Ciudad. Los propios justiciables que quieren y exigen hoy más que nunca una Justicia ágil, rápida y transparente, siendo más simple para los vecinos porteños acceder a los organismos de control locales que a los nacionales.
Con estos datos tan concretos aún hay resistencia y quienes se preguntan si es necesario el traspaso.
No sólo es una cuestión de necesidad sino que además se trata de un paso legal. Porque en primer lugar, hay normas constitucionales que así lo imponen, como la Constitución Nacional. Además, es un paso natural para consolidar el proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que no perjudica a ninguno de los actores, ni va en detrimento de las otras provincias del país. Pero fundamentalmente, es necesario el traspaso para que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tengan una Justicia a la que puedan controlar a través de las instituciones del lugar en donde viven, exigiendo los más altos estándares de eficiencia para obtener resoluciones judiciales de una manera rápida, moderna y justa.
En todas las provincias de nuestra República las controversias judiciales se resuelven directamente por los jueces locales competentes, pero en la Ciudad de Buenos Aires a más de 20 años de la creación constitucional del distrito, esto aún no sucede y va en detrimento de la autonomía y del propio vecino al cual como funcionarios tenemos la obligación de garantizarle el cumplimiento de las leyes y de poner en foco sus derechos y anhelos ya que son ellos los verdaderos destinatarios de Justicia.