Denuncian irregularidades en un concurso de Derecho de la UBA
Un profesor acusó ante la Justicia a la decana por persecución política. Apoyo del Colegio Abogados.
El concurso para nombrar al profesor titular de Elementos de Derecho Constitucional, que lleva seis años
de trámite, derivó en una denuncia penal contra la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, a quien acusan por discriminación y persecución política. La causa fue iniciada por el profesor titular interino de esa cátedra, Andrés Gil Domínguez, con el respaldo del Colegio Público de Abogados porteño.
“Me desplazaron porque asumí la defensa judicial de Nicolás de la Cruz García, quien era secretario de Vinculación Ciudadana de la Facultad y fue echado de su cargo por la deca
na por cuestiones políticas”, dijo Gil Domínguez, quien además integra la Comisión Redactora del proyecto oficial de la nueva Ley de Comunicaciones. De la Cruz García pertenece a una agrupación opositora a la decana respaldada por el socialismo.
La metodología utilizada por la Facultad, según el denunciante, fue la modificación del régimen de designaciones docentes y su aplicación con retroactividad, además del bloqueo a los concursos para cargos de titular de cátedra en dos materias donde está anotado desde hace seis y doce años.
“No hay nada que explique por qué demoraron tanto la realización del concurso para titular de la cátedra Elementos de Derecho Constitucional, para el que me anoté en el año 2010; mientras que sí realizaron la renovación del cargo de adjunto de esa cátedra, que yo había ganado y lo renové el año pasado”, sostuvo Gil Domínguez.
El constitucionalista agregó que, además, se anotó hace doce años en otro concurso, en la cátedra de Derechos Humanos y Garantías, que tampoco se realiza, ya que la persecución contra su persona lleva varios años en la Facultad.
Para Gil Domínguez, la situación se agrava porque la decana Pinto se desempeña como Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, organismo que tiene como función velar por la protección del ejercicio de la profesión de abogado.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también criticó las situaciones cuestionadas y, de hecho, la denuncia de Gil Domínguez tiene el patrocinio de Jorge Rizzo, presidente de dicho Colegio.
Clarín se comunicó con la decana Pinto, quien prefirió no opinar sobre esta cuestión, aunque sostuvo que el Consejo Directivo de la Facultad rechazó a fin de año el planteo de Gil Domínguez. “Cuando reabra la Facul- tad, el primero de febrero, pueden pedir esa resolución”, agregó la decana, quien se negó a hablar de esta cuestión y cortó abruptamente la llamada telefónica, luego de acusar a Gil Domínguez de haber facilitado a este cronista su teléfono celular.
La denuncia del constitucionalista se suma a una que hace tres meses publicó Clarín del profesor Sergio Di Gioia, quien objetó el sistema de concurso en la materia Teoría del Estado, por la cual el fiscal Federico Delgado imputó a la secretaria académica de esa Facultad, tres jurados y un concursante por el delito de “falsificación de documentos”.