Clarín

Embajada, AMIA y Nisman, causas conectadas

- Alberto Zuppi Abogado. Representa­nte de Memoria Activa

Las causas por los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y AMIA (1994), así como la investigac­ión por la muerte del fiscal Nisman son heridas abiertas en la sociedad argen

tina. No resulta concebible en una democracia sana que puedan transcurri­r décadas sin ningún avance en la investigac­ión de hechos de este tipo. Tampoco es concebible que con los modernos métodos de investigac­ión criminal, la muerte del fiscal Nisman pueda dar lugar aún a interpreta­ciones tan diversas como las que ofrecen los peritos oficiales y la querella.

Los cuatro hechos tienen en común la chapucera instrucció­n llevada a cabo por quienes carecían de la formación necesaria para llevarla a cabo y la total falta de cuidado de las pruebas recogidas. En la causa AMIA en la que me tocó intervenir, comprobé como mezclados entre los escombros del edificio de la calle Pasteur, había restos humanos y pedazos de la Trafic utilizada en la voladura. Ese

material fue apilado por orden del juez Galeano en un baldío cercano a la Ciudad Universita­ria, siguiendo el orden en el que llegaban en camiones que lo descargaba­n. Los restos quedaron durante años a la intemperie, sometidos a las inclemenci­as del tiempo, de las alimañas y los depredador­es. Finalmente el juez dispuso que todos esos restos fueran volcados al Río de la Plata. Hoy constituye­n la base de la plaza conmemorat­iva que se encuentra en la Costanera porteña, perdiéndos­e para

siempre pruebas importantí­simas para resolver el atentado, del que lamentable­mente, se sabe hoy más o menos lo mismo que a la semana de producido, hace 22 años.

Del caso de la Embajada de Israel se puede saber menos aún, no sólo por el tiempo adicional transcurri­do desde 1992, sino porque la causa careció de un motor impulsor en la figura del querellant­e particular como sucedió con "Memoria Activa" en la causa AMIA, que se transformó en un permanente denunciant­e de la negligenci­a de la instrucció­n. La igno- rancia sobre la forma en que las pruebas deben ser recogidas y preservada­s encuentra su último exponente en el video que circuló sobre el caso Nisman. Allí se ve a la fiscal intervinie­nte y a un gran número de personas en el departamen­to donde sucedió el hecho, pisoteando las pruebas que hubieran servido para llegar a conclusion­es definitiva­s sobre el luctuoso hecho. Nuestro país cuenta con policías capaces, científico­s aptos y profesiona­les en medicina forense con los que se puede constituir un grupo con autoridad para llevar adelante una investigac­ión adecuada y prevenir la intervenci­ón de funcionari­os que nada tienen que hacer en la escena de un evento criminal, o por lo menos vestirlos con materiales que impidan la destrucció­n o el mezclado de pruebas existentes. Es una deuda que el Estado tiene para con la sociedad agotar los medios para esclarecer los magnicidio­s que

han golpeado nuestra historia reciente y empezar a dejar claro a la sociedad que el crimen finalmente se castiga.

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