El régimen lanza una nueva escalada del conflicto de poderes en Venezuela
El vicepresidente y los ministros ignorarán al Parlamento en la ceremonia de rendir sus informes anuales.
El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, acusado en Estados Unidos por narcotráfico, y los ministros del gobierno venezolano presentarán sus informes de gestión del año pasado ante la Justicia, evitando hacerlo -como establece la Constitución-ante el Parlamento, controlado por la oposición.
La decisión profundiza la crisis de poderes que desató el régimen desde que perdió en elecciones libres, hace poco más de un año, el control del Congreso.
El uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como un foro no autorizado por la constitución, se debe a que esa corte esta colonizada por el chavismo. El tribunal actúa como un apéndice automático de la voluntad del poder ejecutivo. Esa Corte, justamente, declaró este viernes a la Asamblea Nacional (Parlamento) en “omisión legislativa”, por considerarla en desacato por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue anulada por denuncias de fraude.
“Si bien en situaciones de normalidad (...), los ministros o ministras deberían presentar (su informe) ante el Parlamento (...), no es menos cierto que ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo Nacional, tal actuación (...) no debe tener lugar ante el mismo”, señaló una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.
Así, los funcionarios expondrán su memoria y balance ante el máximo tribunal del país el viernes de la próxima semana. Ya lo hizo de esa forma el presidente Nicolás Maduro en enero, autorizado por el TSJ por idénticas razones.
El fallo se produce un día después de que la mayoría opositora en la cámara aprobara un voto de censura contra el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, al culparlo de la crisis del sector durante 2016. Ello implicaría, según la Constitución, su destitución.
“Yo sigo siendo el ministro hasta que el presidente lo decida”, dijo Motta este viernes a la televisora estatal VTV.
La sentencia del TSJ ratificó que, al estar en desacato, todos los actos del Parlamento “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”.
La violación del equilibrio de poderes en Venezuela, unido a la violación de derechos humanos por el más de un centenar de presos políticos en las cárceles del régimen, esta disparando un fuerte cuestionamien- to internacional contra Venezuela. La deriva autoritaria ha incluido la suspensión sin fecha de las elecciones de alcaldes y gobernadores.
Recientemente, El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro anunció que nuevamente ese organismo considerará la aplicación de la Carta Democrática. Ese instrumento permite la suspensión o expulsión de la organización hemisférica de los países que violen las instituciones democráticas, la libertad de sus ciudadanos y el derecho de libre expresión. Es justamente el escenario venezolano.