La promesa maldita de Macri
Las empresas que oculten potenciales conflictos de interés serán sancionadas. La dureza prevista será una decisión última de Macri.
Mauricio Macri ganó la elección presidencial hace 15 meses con tres propuestas explícitas: pobreza cero, guerra al narcotráfico y
unión nacional. Pronto supimos por boca del nuevo gobierno que lo de pobreza cero era un objetivo a largo plazo, una utopía con la que nadie puede decirse en desacuerdo pero que al cabo del primer año quedó más lejos de lo que estaba. Lo de unión nacional también debe esperar, porque a la brecha profunda ideológica y cultural que se mantiene en ciertos círculos más o menos politizados se suma la conveniencia electoral del Gobierno, que necesita a Cristina Kirchner como sombra amenazante al otro lado de la zanja para pedir la renovación del apoyo social. Hay, eso sí, un avance en la lucha contra el negocio de la droga basado, en parte, en el restablecimiento de relaciones de cooperación con quienes en el mundo más saben y pueden en este tema.
Junto con aquellas propuestas explícitas Macri cargó, en las urnas primero y en su espalda presidencial después, con una tri
ple y poderosa promesa implícita. Terminar con el modo autoritario y avasallador del kirchnerismo, enderezar las distorsiones profundas de la economía y desterrar la corrupción como matriz del sistema de poder, trocándola por una gestión mucho más transparente.
Los cambios en la cultura política y el funcionamiento institucional son evidentes para quien quiera verlos. La economía se acomodó en algunos de los grandes trazos, con un alto costo social y una recuperación que no tiene todavía ni la velocidad ni la potencia esperadas, lo que abre un interrogante a corto plazo. Pero la transparen
cia, que parecía el territorio donde Macri podría moverse con mayor soltura para establecer diferencias con el pasado inmediato, se le convirtió en una promesa maldita.
Jaime Durán Barba, su asesor estrella, lo dijo hace diez días cuando habló para intendentes bonaerenses de Cambiemos: “la política se comunica mejor con sensaciones, no palabras”. Difícil encontrar una sensación más nítida y alejada de la transparencia que la que dejó instalada el caso del fallido acuerdo por la deuda de una empresa del Grupo Macri con el Estado, por la privatización del Correo Argentino.
El Gobierno acusó ese golpe. Las encues
tas les dieron una medida del daño. Macri en persona anunció la marcha atrás, a sabiendas de que el costo político ya estaba facturado. La cuestión era que dejase de aumentar. El asunto sigue su curso en varios frentes, incluyendo las denuncias judiciales fogoneadas en especial desde la oposición kirchnerista que tratará de mantenerlas vivas cuanto pueda.
Como parte de esa acción de rescate de sí mismo, el Presidente habilitó la búsqueda de una solución más profunda, integral y
con pretensión permanente para los conflictos de intereses. Que quizás se sigan presentando habida cuenta la procedencia empre
sarial de muchos de sus funcionarios; aunque sin la espectacularidad política y mediática del caso del Correo, que lo involucra a él directamente.
Desde ese momento y bajo supervisión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso trabaja a tiempo completo en la elaboración de dos decretos que fijarán limitaciones y controles concretos a las empresas para hacer juicios al Estado y, sobre todo, para acceder a contrataciones y licitaciones públicas.
Alonso puso a funcionar a la línea de la Dirección de Transparencia de la OA, profesionales que vienen, en muchos casos, del tiempos del respetado peronista Abel Fleitas Ortiz de Rozas, quien falleció ocupando el cargo en diciembre de 2008. Desde entonces y hasta el final de los dos mandatos de Cristina ocupó ese lugar Julio Vitobello. El personal de línea de la OA asegura que hacía tiempo que no trabajaban con intensidad.
Un borrador del primer decreto –referido a juicios contra el Estado- ya comenzó a revisarse hace diez días. En las últimas horas, anticipándose al regreso de Macri desde Madrid, empezó a circular de forma reservada el segundo proyecto, que avanza sobre contrataciones y licitaciones apuntando así al corazón económico de los conflictos de interés.
Quienes tuvieron acceso a esos papeles – prontos a transformarse en expedientes electrónicos- vieron escrito que las empresas que quieran contratar obras públicas o ser proveedoras del Estado deberán declarar si tienen alguna relación personal, profesional o comercial con el Presidente, el vicepresidente y el Jefe de Gabinete, que son los funcionarios con jurisdicción sobre toda la administración nacional. Deberán hacer lo mismo con los ministros que en cada caso tengan poder de decisión so- bre los contratos y licitaciones. Está en discusión se esa declaración deberá incluir de modo automático a niveles subalternos, como se
cretarios, subsecretarios y directores; o si se estudiará cada caso en particular.
Las empresas que oculten potenciales conflictos de interés serán sancionadas. Los que trabajan sobre el decreto mencionan desde el apartamiento de la compañía del contrato o licitación en cuestión, hasta su eliminación lisa y llana del registro de proveedores del Estado. El grado de dureza prevista en la sanción será, como todo, decisión última de Macri.
Los funcionarios no necesitan una disposición nueva y especial para actuar con transparencia. La ley de Etica Pública y el artículo 19 del Código Procesal Penal ya contemplan – y sancionan- delitos como tráfico de influen
cias o negociaciones incompatibles con la función pública.
De todos modos, aquellos que se declaren en conflicto de interés podrán agregarlo en el expediente obligatorio que deberán completar las empresas que contraten con el Estado.
El texto de los decretos será revisado por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín; y el Síndico General, Ignacio Rial. Lo más novedoso es que se propone someter esos proyectos también a la opinión de expertos y a una inédita revisión pública, en una página de Internet durante un período determinado. Quizás alguna recomendación pueda incorporarse al texto final. Todo eso antes de que Macri pon
ga la firma, lo que si todo va como Peña espera se produciría a mediados de marzo.
Si esto funciona así y los decretos consiguen el propósito de establecer una base instrumental consistente para evitar los conflictos de interés antes de correr desde atrás para sancionarlos, se habrá dado un interesante paso, verdaderamente contracultural, del cual el primer beneficiario sería el propio Presidente firmante. Igual, conviene esperar para ver. La autolimitación republicana no ha sido moneda de uso corriente en la política y el poder. Es cierto que también así nos va. El estruendo del Correo, un error político
mayúsculo del Gobierno, hasta disparó un insolvente pedido de juicio político a Macri por parte de los diputados de Cristina. A esa lista de incondicionales se sumó el presidente formal del PJ, el sanjuanino José Luis Gioja, quien sorprendió formando inesperado dúo con el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá. Los dos, a coro, apoyaron a la ex Presidenta como candidata y conductora. El embanderamiento interno es señal de que en el peronismo se acercan tiempos de definición.
Pero tanto o más curioso que esta apostilla justicialista resulta el hecho de que, a la luz del relumbrón del Correo, se hayan opacado otros casos donde la transparencia de los funcionarios está en cuestión. Son asuntos investigados desde el propio Gobierno a través de la Oficina Anticorrupción, que en lo formal depende del Ministerio de Justicia.
En un listado rápido y sin perjuicio de que algunos casos ya están denunciados en la Justicia, esas carpetas incluyen, entre lo más relevante, lo siguiente.
* Dos investigaciones por el caso Panamá Papers, que hace un año involucró al presidente Macri.
* Contrataciones para la campaña antártica, donde se analiza la actuación de uno de los secretarios del Ministerio de Defensa.
* Contratación de helicópteros para el com- bate de incendios hecha por el Ministerio de Ambiente.
* Investigación por denuncia contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia y los giros recibidos desde una financiera complicada en el caso Odebrecht en Brasil.
* Investigación a la Dirección de Vialidad por el uso de fondos rotatorios.
* Proceso de compra de máquinas para votación electrónica realizada por el Ministerio de Modernización.
A contrapelo de lo que podía preverse un año atrás cuando Macri llegó al gobierno, los tribunales no han sido solamente escenario de la investigación y revelaciones acerca de los sonoros escándalos del ciclo anterior, empezando por los de la propia familia Kirchner.
La administración actual sufrió y seguirá sufriendo contratiempos judiciales, si se quiere menores a la megacorrupción kir
chnerista, gracias a una combinación de factores que incluyen la impericia de algunos en el manejo de la cosa pública, la debilidad institucional que hace fácil saltearse las normas en beneficio propio y la tradicional ligereza de políticos y empresarios para hacer circular el dinero del Estado, que como es de todos pareciera que no es de nadie.