La polémica por la detención de Milagro Sala llegó a Washington
El caso de la dirigente jujeña se trató en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En una audiencia en la que por cuestiones de forma su nombre apenas
se mencionó, el caso de la dirigente jujeña Milagro Sala fue sin embargo protagonista ayer en Washington. Ante autoridades de derechos humanos del continente, organizaciones sociales denunciaron “persecución” y una “intolerable situación” en la provincia de Jujuy, mientras que funcionarios provinciales y del Gobierno rechazaron estas acusaciones y argumentaron que solo cumplen la ley.
Como gesto de buena voluntad, representantes del Gobierno anunciaron que estos días enviarán al Congreso una reforma al Código Penal en la que piden que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo una protesta. El escenario en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Hu- manos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, estaba cuidadosamente plan
teado: en un lado de la mesa se sentaron los representantes de las agrupaciones denunciantes, y enfrente los delegados oficiales. La delegación de la administración de Mauricio Macri estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos Claudio
Avruj y por Jujuy hizo lo propio el fiscal provincial, Mariano Miranda.
La voz cantante de los peticionantes la alzó Horacio Verbitsky, en nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A su lado estaban miembros de sindicatos de ingenios jujeños. Enfrente de ambos, se situaban los dirigentes de la CIDH
que escuchaban los argumentos de ambos y hacían preguntas.
Verbitsky denunció que se ha aplicado “la privación de derechos civiles y políticos absolutamente inconstitucionales a quienes protestan en Jujuy”. Y que la práctica es “primero la represión armada ante cualquier protesta, luego la judicialización y
finalmente el retiro de personería” a la organización. Y pidió a la CIDH que reclame al Estado argentino que “advierta a Jujuy que debe atenerse a los estándares de los derechos humanos de la región”, que “cese la persecución, el hostigamiento y la criminalización de la protesta y que se derogue el código contravencional”, que ellos cri- tican.
A su turno, el fiscal Miranda replicó que en su provincia se garantiza el “derecho de peticionar a las auto
ridades, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”. Dijo que sólo en el 0,75% de los casos tras protestas sociales se abrieron causas ante la justicia contravencional, mientras que se cortaron 50 calles y hubo 30 acampes. “No existe un ejercicio de aplicación abusiva de las normas del código contravencional”, advirtió.
El secretario Avruj, en tanto, aseguró que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”. Y anunció que estos días enviarán al Congreso una reforma al código penal en la que piden que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo protestas.
Sala fue arrestada en enero de 2015 inicialmente por “sedición”, un cargo que pocos días después fue desestimado por la justicia. Luego fue acusada de otros delitos, entre ellos “extorsión”, “defraudación” y “asociación ilícita” por los que sigue en prisión. En teoría, el caso de Sala no podía mencionarse en la reunión porque dentro de la Comisión ya existen pedidos de medidas cautelares que reclaman su inmediata liberación y es en ese marco donde la CIDH debería expresarse. Así, tanto los representantes de las organizaciones como los del Gobierno evitaron referirse a Sala, pero insólitamente el caso fue sacado a la luz por el comisionado Paulo Vannuchi, quien agradeció a todos que no lo hubieran nombrado.
“En Jujuy no existe ningún mecanismo que criminalice la protesta”, dijo el fiscal Miranda.