El Gobierno defendió el decreto de control de migraciones
“La Argentina no copia modelos, tiene uno propio”, dijo uno de los representantes del Gobierno en una audiencia hoy en Washington, en un intento de despegarse de cualquier asociación con la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organizó en parealo al encuentro por el caso de Milagro Sala una poco usual audiencia “de oficio” para recabar información y analizar el impacto del decreto migratorio que Mauricio Macri firmó a fines de enero, que agiliza las deportaciones de indocumen-
tados en casos de que hayan cometido algún delito. También habrá mañana otro encuentro en donde se revisarán las restricciones migratorias impuestas por el nuevo presidente estadounidense.
En la audiencia, la CIDH cuestionó la urgencia del decreto que modificó la ley migratoria de nuestro país, considerada por el organismo como un “modelo” en la región. La medida “sugiere una situación de emergencia, inesperada, aguda, que no se puede afrontar con el marco normativo existente”, señalaron y quisieron saber el motivo del cambio. Varias organizaciones sociales presentes en la reunión rechazaron que
exista una urgencia real y denunciaron que la nueva normativa equipara al inmigrante que comete un delito menor como un hurto o resistencia a la autoridad con el que comete delitos mayores como narcotráfico. Pidieron a la CIDH que reclame la de
rogación del decreto porque, además establece “un escenario de criminalización que favorece la xenofobia y el racismo” al asociar a los inmigrantes con la delincuencia.
No hubo acuerdo en los números. Según el Gobierno, los extranjeros en cárceles federales se incrementaron en los últimos años hasta el 21% de la población carcelaria total en 2016. La sociedad civil niega que ese sea el
porcentaje total. Aseguran que la población inmigrante en prisión se mantuvo “entre 1 y 6 por ciento desde hace más de 10 años”.
Los representantes del Gobierno de Macri negaron que el cambio vaya dirigido contra los inmigrantes y resaltaron el histórico aporte de las distintas culturas a la identidad argentina. Horacio García, director nacional de Migraciones, fue enfático: "Si tenemos 42 millones de personas, nosotros podemos recibir 40 millones más”. Ante posibles comparaciones con las medidas de Trump en Estados Unidos, aseguró que la Argenti
na “no copia modelos” y que “en un momento en el que el mundo se cierra, la República Argentina hace un esfuerzo superlativo en honor a la historia que tiene.” No bien finalizó la audiencia sobre la ley migratoria, comenzó otra sesión sobre un tema menos ríspido, donde el Gobierno expuso los principales ejes de su programa de reforma judicial Justicia 2020. La misión argentina estuvo liderada por el coordinador general de Justi- cia 2020, Ricardo Gil Lavedra, quien definió al programa como “un espacio de discusión para incorporar a una reforma judicial las técnicas de Gobierno Abierto, a través de un proceso participativo inédito, tanto on line como presencial”.
Explicó que el programa trabaja sobre siete ejes, que ya hubo 19.000 inscriptos para participar, que se conformaron 21 equipos de trabajo y se realizaron 73 reuniones presenciales de debate en todo el país, con 79 iniciativas en discusión. Entre las más avanzadas, destacó la modernización de los registros y la posibilidad de hacer trámites por Internet, el lanzamiento del portal para datos judiciales abiertos, el nuevo sistema de justicia rápida para detenidos en flagrante delito y la discusión por una nueva ley penal juvenil.
Sobre los proyectos en debate, se refirió a leyes contra la corrupción, como la ley del arrepentido, la reforma del sistema tutelar carcelario, la reforma del código procesal civil, entre otros.