Imputaron a Gils Carbó por cohecho y negociaciones incompatibles
Un fiscal investiga si direccionó la compra de un edificio para favorecer a su ex esposo.
Daniel Santoro dsantoro@clarin.com El fiscal federal Guillermo Marijuán, en reemplazo de su colega Carlos Rívolo imputó ayer a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por su intervención en la polémica compra de un edificio para su organismo. El caso comenzó cuando ayer Marijuán mandó a sorteo una denuncia preliminar que había hecho Rívolo y que recayó en el juzgado de Julián Ercolini y en el mismo fiscal, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Entonces, la denuncia la firmó el fiscal Guillermo Marijuan porque Rívolo se encuentra de licencia. Además, Marijuán hizo el correspondiente requerimiento de instrucción por lo cual Gils Carbó quedó imputada, al igual que otros de los imputados. Ercolini decretó el secreto de sumario en la causa. Sin embargo, en fuentes judiciales trascendió que Marijuán dispuso una "orden presen
tación" para que la Procuración le entregue documentación oficial sobre la licitación. Técnicamente, “no fue un allanamiento” porque el organismo colaboró con el fiscal.
Rívolo sospecha que su jefa direccionó la compra de un edificio de la empresa Arfinsa (de la familia Bemberg)" para favorecer a la empresa intermediaria Jaureguiberry SRL, a la cual estaría vinculada a su ex es- poso Héctor Alonso. El padre de las dos hijas de Gils Carbó habría cobra
do parte de una comisión de más de $ 8 millones como intermediario de la venta, tal como Clarín adelantó el domingo. La imputación complica a Gils Carbó a quien el gobierno quiere iniciar un juicio político en el Congreso para lograr su destitución, en base a otras causas judiciales.
En una presentación espontánea, Gils Carbó negó haber pagado comi
siones y dijo que si las hubo las pagó la empresa Arfinsa de la familia Bemberg (Ver aparte) y dijo que su ex esposo le negó haber intervenido como supuesto comisionista oculto.
En diciembre del 2012, Gils Carbó firmó el expediente A 8798/2012 que puso en marcha una licitación pública para la compra de una nueva sede para la Procuración. Con el procedimiento administrativo, se adjudicó primero la licitación a una empresa que ofreció un edificio ubicado en Alsina 872 de esta ciudad.
Sorpresivamente, el 28 de diciembre del 2012 mediante una resolución -la 1022- Gils Carbó dejó sin efecto esa
licitación. Las razones esgrimidas en esa resolución se deben a que esa licitación “excedería” el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Así dijo que “se carecería del financiamiento respectivo, con la consiguiente nulidad del acto de adjudicación que comprometería a este organismo a pagar sumas de dinero sin el respectivo respaldo presupuestario”.
Como consecuencia de esa decisión, Gils Carbó tuvo que devolver al Gobierno $ 30 millones. “Esta arbitraria decisión provocó también un serio perjuicio para el dueño del edificio de Alsina 872, inmueble que estaba preadjudicado” en un primer momento, afirmaron los denunciantes.
En la operación del edificio de Perón 667, la firma vendedora, Arfinsa SA, habría pagado a Jaureguiberry SRL -también denunciada por el fiscal- casi US$ 4 millones en ese concepto de comisión. Ese monto según explicaron fuentes judiciales, "correspondería con el 18% de la operación cuando lo normal es que se destinen a ese rubro entre 3 y 5 puntos de la transacción entre ambas partes". Para los denunciantes la venta fue por 54 millones, pero Gils Carbó afirmó que fue por 44.