La OCDE critica duro “la politización” de la Procuración
El alineamiento con el kirchnerismo de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, motivó duras críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que difundirá hoy un documento sobre la Argentina, con un capítulo específico sobre “la poli- tización de la oficina de la procuradora”. “Es un escándalo internacional”, dijo una alta fuente del gobierno argentino. Y agregó que en dicho documento se va a cuestionar la falta de neutralidad de Gils Carbó, “que usa su posición para interferir en causas judiciales a través de fiscales y que pertenece a una agrupación política que defendía a Cristina Kirchner. El documento de la OCDE pone como ejemplos de esa politización los casos de Campagnoli y Gonella”, aseguró la fuente oficial.
Es que el fiscal José María Campagnoli fue suspendido de sus funciones en 2013, a instancias de Gils Carbó, por intentar investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez; mientras que un estrecho colaborador de la procuradora, el fiscal Carlos Gonella, quitó de la investigación a Báez en la investigación sobre la “ruta del dinero K”, motivo por el cual fue procesado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
De todos modos, el informe de la OCDE desaconseja las presiones gubernamentales para remover a Gils Carbó y plantea que si el gobierno quiere quitarla de su cargo debe hacerlo por la vía del proceso de juicio político.
La Argentina quiere ser miembro pleno de la OCDE y por eso se somete a una serie de medidas de controles institucionales en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia del Estado.
Además, le recuerda al Congreso que debe cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, para re- cuperar el equilibrio establecido en la Constitución Nacional, tras los cambios que introdujo la ex presidenta Cristina Kirchner para tener mayoría en ese organismo clave.
El gobierno envió la semana pasada una nutrida delegación oficial a la reunión de la OCDE, en París, donde se debatió el combate a la corrupción. Allí quedó claro que la Argentina tuvo avances en su lucha contra la corrupción, pero no podrá ingresar como miembro pleno del organismo internacional hasta que sancione una ley de responsabilidad penal de las empresas que cometan hechos de corrupción.
Ese proyecto de ley fue enviado por el presidente Mauricio Macri al Congreso, que arrancó su debate la semana pasada en Diputados.