En abril, Macri empezaría a descomprimir el frente social
El mes que viene serán los primeros pagos de la nueva ley. Tensa reunión de ministros y organizaciones.
La previa era tensa, la reunión tuvo momentos difíciles y el cierre fue en buenos términos, con una promesa del Gobierno que conformaría a las organizaciones sociales. Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, aseguraron a los referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista (CCC) y Combativa que en los primeros días de abril comenzará a implementarse la ley de Emergencia Social, luego de una resolución conjunta entre esa cartera y Trabajo para abrir el Registro Nacional de la Economía Popular.
Los criterios para el acceso a ese registro y al cobro de un salario social complementario tensaron la reunión en la tarde noche del jueves, en el piso 14 del ministerio de Desarrollo Social. Pese a las desconfianzas mutuas, al terminar el encuentro, todos se mostraron optimistas. Aunque no fue eje de la discusión, en el Gobierno se entusiasman con que el acuerdo pueda derivar en un descenso de
la conflictividad social; al menos por parte de las organizaciones sociales que la semana pasada -en protesta por la dilación en la implementación de la Emergencia- cortaron la Ciudad y buena partes de sus accesos.
En el despacho de Stanley se sentaron el vicejefe de Gabinete y los representantes de las organizaciones Juan Carlos Alderete (CCC), Juan Grabois (CTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita-CTEP). Emilio Inzaurraga, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, y el obispo Fernando Maletti de la diócesis de Merlo-Moreno también fueron de la partida. Jorge Triaca, otro interlocutor, estuvo ausente por el viaje presidencial a Holanda. Veinticuatro horas antes Pérsico había quedado en el centro de la escena luego que un fiscal platense ordenara una investigación por los dichos del referente del Evita, que había advertido sobre eventuales nuevos cortes. Las organizaciones interpretaron esa acción como un amedrentamiento previo al encuentro. Amenazaban con retirarse si la oferta no convencía.
Se quedaron, pero eso no evitó las discusiones. El clímax llegó cuando Quintana enseñaba los índices que para el Gobierno son la prueba irrefutable de la recuperación económica y del empleo. Menéndez le salió al
cruce. Ninguno de los referentes de las organizaciones comparte ese diagnóstico. “Y si son ciertos esos índices, porque no aceleraron la implementación de la ley. O no es cierto o quieren recortar la contención social”, razonó el de Barrios de Pie.
Finalmente hubo un principio de acuerdo. El Ejecutivo acelerara la creación del registro de la Economía Popular y atar el salario social complementario, que hoy sería de $4.030, la mitad del salario mínimo, a los futuros incrementos de este último. El lunes seguirán las reuniones y se pondrá en marcha el postergado Consejo de la Economía Popular. El secretario de Empleo Miguel Ponte y el secretario de Economía Social Matías Kelly -dos hombres que convocó Quintana al Gobierno- habían sido objetados como interlocutores por las organizaciones, que ahora se muestran más abiertas. “Esta dilación fue una decisión del Gobierno, no se le puede achacar a ellos dos”, concedió Menéndez a Clarín.
A los movimientos sociales se les acabó la paciencia. “Estos cuatro meses fueron una pérdida de tiempo. El Gobierno no ve la realidad, le tiene que explotar en la cara para que entienda que no puede ajustar sobre los sectores más vulnerables”, señaló otro de los presentes.
El oficialismo pretendía arrancar el registro con sectores puntuales (construcción de viviendas e infraestructura social, servicios sociocomunitarios y agricultura familiar), un marco que las organizaciones consideraron “restrictivo” y reclamaron por producción y mano de obra intensiva, actividades en el espacio público y recicladores. En principio no entrará el comercio popular. En cuanto a los requisitos para el ingreso al registro, algo que también había generado tensión en la previa, acordaron un esquema “estricto en la verificación de situaciones de verdadera necesidad” y asociados a una unidad productiva y sin trabas burocráticas.
En el Ministerio de Desarrollo Social se mostraron satisfechos con el resultado del encuentro. “Se sentaron las bases para implementar la ley de Emergencia y para trabajar poste- riormente. Todo terminó con mucha armonía”, señalaron allegados a la ministra. “La idea es laburar rápido con el esquema salarial complementario, salir de la lógica del ´solo obtener planes´y volver a generar empleos”.
Hoy habrá una asamblea de las organizaciones para evaluar el resultado de la reunión. Sin embargo, Grabois anticipó que le dará tiempo al Gobierno. “Reconocieron la demora, hasta abril falta una semana y vamos a esperar. Tenemos ganas de creerles, pero vienen incumpliendo y seguimos en estado de alerta”, advirtió el líder de la CTEP a Clarín.
El Ejecutivo toma en cuenta a los movimientos, mucho más de lo que dicen las advertencias de operativos policiales o intervenciones judiciales para terminar con los piquetes. Tan en serio los toma, que ocho días antes Quintana, Stanley y Triaca habían peregrinado hasta la casa de Fernando “Chino” Navarro para intentar acercar posiciones. Intentaban bajar el tono a las protestas y sacar a los manifestantes de la calle para llevarlos a la mesa de negociaciones. Con demora, lo lograron. Habrá que ver hasta cuándo dura la paz.
En una reunión, Quintana habló de la recuperación. Barrios de Pie le salió al cruce.