El duro informe del interventor de la constructora de Báez
Los Sauces SA fue calificada por uno de los interventores judiciales, como un artificio técnico-jurídico". A su vez, Sergio Acosta designado para analizar la relación comercial entre Austral Construcciones, de Lázaro Báez y la inmobiliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, consideró que nunca se pensó en la firma como un negocio comercial sino un lugar "de una triangulación entre los patrimonios de los accionistas, la sociedad y el vendedor de los inmuebles" para "encubrir fondos como activos inmobiliarios".
Estos conceptos fueron vertidos en un nuevo informe que presentó ante el juez Claudio Bonadio. Según pudo saber Clarín, el interventor señaló que respecto a un inmueble, se hizo una operación que “no se ajusta a la normativa” y que se trataría de una
"dádiva" y el movimiento de dinero "responder al lavado de activos".
La inmobiliaria investigada por lavado de dinero y cohecho, tuvo como uno de sus inquilinos principales a Lázaro Báez (preso hace once meses), a su vez constructor de dos de los complejos de departamentos de Los Sauces SA. Desde 2009 a 2015, representó el 23% de la facturación de la firma de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Lo que se tradujo en
más de $ 12 millones, según la pericia contable que solicitó Bonadio. La relación del empresario K con Los Sauces SA no fue únicamente a través de los contratos de locación: la compraventa de un terreno se suma a las sospechas. La sociedad de los Kirchner compró el 28 de junio de 2010 un inmue- ble a Austral Construcciones SA (ACSA) por 97.000 dólares. Acosta detectó una serie de irregularidades alrededor de esta propiedad. “Dicha cifra, en cualquiera de sus variantes, ya sea que se tome el tipo de cambio vendedor o comprador al momento de concretarse la operación, superaba ampliamente el monto previsto de $300.000”, aseveró en el informe al que accedió Clarín. En función de esto, el interventor considera que se estaría ante una operación de presunto “lavado de dinero y encubrimiento de activos cuando se tratase de fondos provenientes de un ilícito penal”. El escribano que intervino en la operación fue Leandro Albornoz, un hombre de confianza de Báez.