Doble drama para los chicos sordos: abusados y sin colegio
De a poco, más víctimas de abuso sexual se animan a contar las aberraciones que ocurrían en las sedes del Instituto católico Próvolo, en Mendoza y La Plata. Los testimonios de los chicos y adolescentes sordos e hipoacúsicos que fueron alumnos, han sido incorporados a una causa que tiene 1.500 fojas, a cargo del fiscal Gustavo Stroppiana.
El caso de pederastía que golpea a la Iglesia Católica, estalló en noviembre y, desde entonces, hay cinco detenidos con prisión preventiva. Entre ellos los curas Nicola Corradi (82), con detención domiciliaria, y Horacio Corvacho (56), apresado en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
El colegio privado a donde concurrían 117 alumnos de 4 a 17 años, fue cerrado por disposición de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. El drama es que aún hay padres que no quieren mandar a sus hijos discapacitados a otro colegio porque desconfían de la educación que recibirán. De los 113 alumnos, 78 fueron redistribuidos en 15 colegios y, otros 35 aún no empezaron la escuela, según informó la Dirección de Escuelas. Para el abogado querellante Sergio Salinas, “muchas familias argumentan que no quieren que sus hijos concurran a clases con los mismos docentes del Próvolo, que también han sido redistribuidos en otras instituciones. Otros cuestionan que los colegios de destino no están capacitados para asistir a chicos sordos”. Distinto opina Ester Linco Lorca, del gremio de docentes privados, quien asegura que la mayoría de los 40 trabajadores del Próvolo perdió su puesto de trabajo: Y contó: “Presentamos dos amparos judiciales para que la escuela vuelva a funcionar y los chicos a clases”.
El cura Corradi, quien regenteaba la escuela y el albergue, arrastra denun- cias de violaciones a chicos desde hace 50 años en Italia y ahora en Argentina. Los dos sacerdotes están acusados por más de 25 víctimas y 40 testigos por violaciones, abusos sexuales y corrupción de los chicos y adolescentes internados, entre los años 2005 y 2016.
Una segunda línea de investigación está a cargo del fiscal Hernán Ríos y es la que quiere saber si hubo complicidad o delito de omisión en el personal del colegio, desde docentes, personal médico y de limpieza, y otros religiosos, que convivían en esa “casa del terror” y nunca hablaron.