Trump recortará fondos a las ciudades que protejan a los inmigrantes ilegales
Lo anunció el ministro de Justicia, Jeff Sessions, en la Casa Blanca. El gobierno pretende que las administraciones locales persigan a los “sin papeles” e informen a las autoridades migratorias sus datos y ubicación para que puedan ser expulsados.
En EE.UU. portarse bien con los extranjeros sin papeles sale caro. El ministro de Justicia, Jeff Sessions, dijo ayer que retirará o recortará fondos
a las ciudades que no colaboren con Donald Trump en su cruzada anti inmigrantes. Las que no entreguen los datos de sus extranjeros irregulares a Washington, dijo Sessions durante una aparición sorpresiva en la rueda de prensa de la Casa Blanca, perderán los subsidios del Departamento de Justicia.
En el nuevo orden propuesto por Sessions, para seguir accediendo al dinero federal las regiones y ciudades tendrán que demostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los inmigrantes con registro criminal o sin papeles de residencia. “Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro, esas políticas no pueden continuar”, dijo también el ministro acusado de racismo.
Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para equipamiento y entrenamiento de las policías locales y se estiman en US$
4.100 millones para 2017. Adelantándose a la resistencia que provocaría su política anti inmigrantes, Trump firmó en enero un decreto que resucitaba los programas de cooperación entre las policías locales y las autoridades migratorias federales en el que se prevé la interrupción de fondos para las llamadas “ciudades santuario” que se niegan a informar a Washington sobre sus inmigrantes.
Sessions también dijo ayer que unas 200 localidades y varios estados se han negado a satisfacer el pedido de Washington de entregar a sus inmigrantes. “El pueblo estadounidense no está contento con estos resultados”, amenazó. No contento con retirar fondos futuros, Sessions también dijo que hará todo lo que permita la ley para quitar subsidios ya concedidos a los que no colaboren.
El intendente demócrata de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, fue uno de los primeros en responder. “Es desafortunado pero no sorprendente que la Administración Trump haya reaccionado a la estrepitosa derrota sufrida en su intento de derrumbar el Obamacare volviéndose, una vez más, hacia un inmerecido ataque contra las comunidades inmigrantes”, dijo.
La fórmula que han encontrado hasta ahora esas “ciudades santuario” para proteger de Trump a sus inmigrantes es tan sencilla como eficaz: sus oficiales de policía tienen prohibido preguntar el estatus migratorio. Como no tienen la información, tampoco la pueden compartir con Washington. Según la agencia de noticias
Bloomberg, la ciudad de San Francisco ya presentó varias demandas por inconstitucionalidad contra el decreto firmado en enero por Trump, que permite retirar la financiación al que no se porta como él quiere.
El fiscal general del Estado de Nue-
va York, el demócrata Eric Schneiderman, es otro de los miembros de la resistencia anti Trump. Ayer llamó “antiamericana” a su política migratoria y dijo que seguiría ayudando a los gobiernos locales con “las herramientas que necesiten para proteger a sus comunidades inmigrantes”. “Pese a lo que el ministro Sessions quiso decir hoy por la tarde (por ayer), la Constitución otorga amplia autoridad a los gobiernos locales y estatales, así como a las fuerzas de seguridad locales, para no participar en la aplicación de las medidas migratorias federales”, dijo ayer en un comunicado.
Algunos de esos santuarios han llegado a formalizar en leyes su resistencia. Los diputados del parlamento de Maryland, de mayoría demócrata, pasaron la semana pasada una legislación que prohibe a la policía estatal chequear el estatus migratorio de las personas que arresten o acceder a pedidos de agentes federales de mantenerlos encerrados durante más tiempo del que corresponda. Además de Nueva York y San Francisco, las ciudades de Chicago, Boston, Los Angeles, Philadelphia, Seattle y Washington también se han definido a sí mismas como “santuarios”.
“Pido vehementemente a los Estados, ciudades y condados de nuestra nación que piensen detenidamente en el daño que están haciendo a sus ciudadanos al negarse a aplicar nuestras leyes de inmigración”, dijo ayer Sessions, siempre con el foco en los inmigrantes con registro criminal.
Lo que omite el ministro de Justicia es que la falta de cooperación de los gobernantes locales demócratas no se debe a los intentos de expulsar a criminales. De hecho, el ex presidente Barack Obama expulsó a 2,5 millones de estos inmigrantes entre 2009 y 2015, medio millón más que George W. Bush. La resistencia de las “ciudades santuario” no es por ellos sino para evitar que Trump cumpla con su amenaza de expulsar a 3 millones de extranjeros cuyas únicas faltas fueron vivir sin papeles de residencia y creer que en EE.UU. podrían rehacer su vida.