Cristóbal López resiste y exige una fortuna si le sacan la autopista
No está dispuesto a perder el negocio millonario que le representa el manejo de la Autopista Riccheri Ezeiza - Cañuelas, concesión que obtuvo con la empresa Aecsa. Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa acudieron a la Justicia en lo contencioso administrativo para solicitar que se realice una prueba anticipada de costos, para sostener su argumento central: el Estado (que incluye al gobierno K) le adeuda más de 12.000 millones por no permitirle actualizar las tarifas desde 2005. La Justicia dio lugar al pedido y se abre un nuevo capítulo en la pelea por retener la concesión que Vialidad Nacional decidió rescindir en un mes. Si esto ocurre, López reclamará una indemnización de 4.100 millones de pesos.
Los 65 kilómetros de la Autopista Ezeiza - Cañuelas son foco de disputa entre el Gobierno y el empresario. A través del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), que depende de Vialidad, se tomó la decisión de rescindir el contrato que tenía vigencia hasta 2021.
Ante diversas irregularidades, que incluyen una deuda de $ 500 millones por no pagar los recursos de asignación específica (RAE) - dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a la DNV-, y acreencias por multas e infracciones respaldadas con 69 actas de in- cumplimientos (46 de ellas consideradas graves), multas impagas con un acumulado pendiente de más del 400% de la garantía -por ley no puede superar el 20%- el Gobierno intervino la autopista y en 30 días se rescindirá la concesión. De Sousa y López darán batalla para evitarlo.
Hace dos días, los dueños de AECSA obtuvieron el visto bueno en la justicia para que se realice una prueba de anticipada de costos.El pedido que hicieron los dueños del Grupo Indalo es para avanzar hacia la próxima instancia: denunciar al Gobierno “por incumplimientos”.
Con este estudio, el empresario K busca demostrar que la tarifa aplicada en los peajes por 8 pesos “está muy por detrás de otras autopistas, como Panamericana o Autopista Oeste que cuenta 50 pesos. Entonces se pierde respecto a la Tasa Interna de Retor- no (TIR) que es lo que nos deberán pagar”, señalaron desde el entorno del empresario K a Clarín. En función de esto, se evaluará la estructura de costos que contempla el precio de la tarifa actual, lo estipulado en el contrato y si hubo pérdidas para la firma.
López reclamará en función del atraso tarifario, unos $ 12 mil millones, y que es la suma que exigirán al Gobierno. Desde Vialidad señalaron a Clarín que la decisión es avanzar con la rescisión del contrato que el gobierno de Cristina Kirchner intentó ampliar por diez años en diciembre de 2015. Esto iba a generar una ganancia de $ 5.000 millones para el dueño de Indalo. Es más o menos la cifra que exigirá en indemnización si pierde la concesión: $ 4.100 millones y “en un solo pago si efectivamente nos quitan la autopista”, indicaron a este medio.